La mujer del responsable del club de golf Ría de Vigo, acusado de varios delitos contra la Hacienda Pública, ha negado que tuviesen un entramado de sociedades ‘pantalla’ para eludir pagos fiscales o que hubieran recibido ingresos no declarados.

Así lo ha trasladado en su declaración como testigo, en el juicio que se sigue contra su marido, Cholmin K.K., para quien la Fiscalía pide penas que suman 10 años de prisión por fraude fiscal, y que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede de Vigo.

En la jornada de este lunes, además de las cuestiones previas, han declarado los testigos propuestos por la defensa, con el fin de demostrar que el acusado no solo no se benefició de ingresos ilícitos, sino que los ingresos que recibió los destinaba a pagar deudas.

En ese sentido, tanto uno de los trabajadores del club de golf como la esposa del acusado, han reconocido que la empresa que gestionaba la instalaciones pasó por apuros económicos, lo que llevó a pagar las nóminas con retraso y a acumular deudas.

La mujer de Cholmin ha rechazado, en todo caso, que hicieran uso de sociedades pantalla para recibir dinero y no declararlo, y ha asegurado que, cuando la empresa recibía ingresos de otras sociedades, el dinero se destinaba de inmediato a saldar esos pagos pendientes. Además, ha matizado que, los ejercicios fiscales que están bajo la lupa en este procedimiento fueron los de 2016, 2017 y 2019, cuando ellos no estaba aún casados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ese empresario defraudó a Hacienda casi 1,4 millones de euros en los ejercicios 2016, 2017 y 2019. De hecho, en esos períodos, presentó liquidaciones de IRPF con resultado negativo, de manera que Hacienda le devolvió casi 5.000 euros.

Sin embargo, en ese tiempo, sostiene el ministerio público, el acusado tuvo otros ingresos que no declaró, a través de otras sociedades con sede en Panamá. Entre 2017 y 2019 cobró más de 2 millones de euros de esas sociedades.

Asimismo, recibió otras cantidades de una sociedad con sede en Angola, de cuentas bancarias de Corea y de rendimientos de trabajo en Países Bajos y Corea, en total, más de 300.000 euros. Igualmente, obtuvo otros ingresos «no justificados» en cuentas de Corea, Países Bajos y España (más de 425.000 euros) y también «ocultó» rendimientos de capital mobiliario por casi 40.000 euros.

Por ello, la Fiscalía lo considera autor de tres delitos contra la Hacienda Público y pide que se le impongan un total de 10 años de cárcel, y multas que suman 3 millones de euros.

El juicio continuará en las jornadas de este martes y miércoles, con declaraciones de más testigos y de peritos, además de la declaración del propio acusado, que hablará al final.