El pleno de la Diputación de Lugo ha celebrado una sesión marcada por las reivindicaciones territoriales, el acceso a la vivienda y la mejora de los servicios públicos. Las iniciativas para reclamar a la Xunta un reparto más equilibrado del Fondo de Compensación Interterritorial y un mayor impulso a la vivienda pública han salido adelante con los votos del PSdeG, el BNG y el diputado no adscrito, mientras que el PP ha votado en contra.

La presidenta provincial, Carmela López, ha defendido la necesidad de que los recursos públicos se distribuyan con transparencia y se traduzcan en soluciones concretas. «Lugo necesita un reparto transparente de los fondos e inversiones que se traduzcan en soluciones reales para las personas», ha salado para criticar que la provincia lleve años sin recibir financiación del Fondo de Compensación Interterritorial. También ha recordado que, pese a los anuncios de 350 millones de euros para vivienda, en Lugo hay 3.444 solicitudes de vivienda protegida.

La primera de las iniciativas aprobadas reclama a la Xunta de Galicia un modelo de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) transparente y equilibrado, que tenga en cuenta las necesidades específicas de la provincia lucense.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, ha recordado durante el debate que Lugo está excluida desde 2022 del reparto de unos fondos que representan una media de 38 millones de euros anuales para Galicia. Según ha indicado, en 2024, último ejercicio analizado por el Consello de Contas, la totalidad de los recursos se ha destinado al hospital Montecelo, en Pontevedra.

«No estamos pidiendo privilegios para Lugo, estamos pidiendo justicia territorial», ha defendido García Porto. La socialista reclamó a la Xunta que establezca criterios públicos y objetivos, distribuya los recursos atendiendo a las necesidades de las cuatro provincias y explique el destino de los fondos que quedan sin ejecutar.

La propuesta, respaldada por socialistas y nacionalistas, insta al Gobierno gallego a revisar el modelo que concentra la asignación en un único proyecto y a distribuir los recursos entre las provincias que más los necesitan. También plantea que las prioridades de inversión tengan en cuenta las necesidades de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

LA VIVIENDA PÚBLICA, OTRA DE LAS PRIORIDADES

El acceso a la vivienda centró la segunda iniciativa del grupo socialista, que pide a la Xunta aumentar la promoción de vivienda pública en la provincia y respaldar medidas que faciliten el acceso a un hogar digno tanto a inquilinos como a propietarios.

García Porto ha cifrado en 35.703 las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia, de las cuales 3.444 corresponden a Lugo. También ha señalado que entre 2010 y 2023 la Xunta ha promovido únicamente 5.869 viviendas protegidas en toda Galicia, pese a tener las competencias en esta materia. «Menos anuncios y más viviendas, porque el derecho a un hogar no puede quedarse en promesas», ha afirmado.

La Diputación reclama que se acelere la ejecución del presupuesto autonómico destinado a vivienda, que se cree una bolsa de viviendas públicas para atender situaciones de urgencia social y que se ayude a los ayuntamientos a afrontar problemas que repercuten directamente en la oferta residencial, como la proliferación de viviendas de uso turístico.

La financiación europea fue otro de los asuntos tratados durante el pleno, a raíz de una moción del PP para crear un departamento específico de fondos europeos. El diputado provincial de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, ha respondido que la Diputación de Lugo cuenta desde 2019 con un área de Proyectos Europeos y que la institución ha gestionado 74 millones de euros de financiación europea desde 2007.

Rivera Capón ha destacado asimismo la reciente creación del Centro de Innovación Territorial, dotado con seis técnicos, para reforzar la captación de recursos y prestar apoyo a los ayuntamientos.

A su juicio, la propuesta popular plantea crear una estructura que ya existe. También recordó que la Diputación ha puesto en marcha programas financiados con fondos europeos para favorecer la digitalización municipal y mejorar la eficiencia de la iluminación. En este contexto, denunció que numerosos ayuntamientos gobernados por el PP no se adhirieron a estas iniciativas, algo que atribuyó a intentos de boicot o a dejadez.

Por su parte, el portavoz popular, Antonio Ameijide, ha defendido que los municipios más pequeños necesitan recurrir a otras instituciones para financiar inversiones y proyectos que no pueden asumir con sus presupuestos ordinarios.

La atención a las personas mayores también ha generado críticas entre los grupos. Rivera Capón ha cuestionado la falta de nuevas residencias públicas construidas por la Xunta en la provincia durante los ocho años de Fabiola García al frente de la Consellería de Política Social y contrapuso el esfuerzo de la institución provincial para ampliar la red de atención a las personas mayores.

EL BNG PIDE MEJORAS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES Y EN LAS AMBULANCIAS

El grupo provincial del BNG ha llamado a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre obteniendo el respaldo de los diputados. Efrén Castro ha defendido su importancia para avanzar en políticas sociales y frenar el avance de la derecha y la extrema derecha .

Los nacionalistas también han logrado sacar adelante una iniciativa para reclamar a la Xunta más recursos y personal para el servicio de ambulancias. La portavoz del BNG, Iria Castro, ha pedido que el nuevo contrato tenga en cuenta la dispersión de la población y la orografía de la provincia.

«No basta con cumplir con las ratios de ambulancias por persona, sino que es necesario tener en cuenta la dispersión y la orografía de la provincia para garantizar una atención a situaciones de emergencia en los tiempos adecuados», ha explicado.

DEBATE SOBRE EL GALLEGO

La actualización del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega ha sido objeto de otra moción, presentada por el Grupo Provincial Popular.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PP y el PSOE y el voto en contra del BNG. Su objetivo era respaldar el trabajo desarrollado por el Gobierno gallego en el marco del Pacto por la Lengua, un proceso de diálogo en el que participaron más de 130 profesionales de distintos sectores y que reunió más de 1.400 aportaciones de instituciones, entidades y particulares.

La sesión tuvo también un componente educativo con la asistencia de cerca de medio centenar de alumnos y alumnas de entre 8 y 9 años del colegio San José de Lugo. El diputado Pablo Rivera los recibió y la presidenta, Carmela López, compartió un rato con ellos antes del comienzo del pleno para explicarles cómo funciona la institución provincial y cuál es su labor.