Diez de los trece acusados por una trama de estafa en la compraventa de vehículos con el kilometraje manipulado con más de cien víctimas comparecieron este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo para alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Este establece una pena de un año y medio de prisión por un delito de estafa y otros seis meses por otro de asociación con banda criminal. Además, tres de los acusados deberán realizar 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad y abonar una multa de 1.000 euros.

Las penas pactadas suponen una reducción respecto a las solicitadas inicialmente por la Fiscalía, que pedía cinco años de prisión por el delito de estafa, junto con una multa de 7.200 euros, y un año de cárcel por el segundo delito para cada uno.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a las más de cien víctimas con distintas cantidades, en función de los perjuicios sufridos por cada una. Además, los tres principales acusados ya han ingresado 20.000 euros en concepto de reparación del daño.

La defensa ha solicitado la suspensión de las penas de prisión, una medida que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. No obstante, será el tribunal el que se pronuncie sobre esta petición en la sentencia.

Según los hechos recogidos en la causa, entre 2014 y 2017 los acusados actuaron de común acuerdo con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito mediante la compra y posterior venta de vehículos cuyo kilometraje manipulaban antes de ponerlos en el mercado.

Todos los procesados son de nacionalidad rumana, seis de ellos casados entre si, han sido representados por el mismo abogado.

OPERATIVA

La operativa, que operaba desde la provincia de Lugo y que dejó más de un centenar de víctimas en distintos puntos de España, consistía en adquirir automóviles, generalmente de gama media y alta, con un elevado número de kilómetros recorridos y, en ocasiones, con averías o desperfectos que reducían considerablemente su valor. Una vez en su poder, los implicados, directamente o a través de terceras personas, alteraban los cuentakilómetros para hacer constar cifras muy inferiores a las reales.

Con el propósito de dar mayor credibilidad al engaño y dificultar que los compradores descubrieran la manipulación, los vehículos eran sometidos en ocasiones a inspecciones técnicas en estaciones de ITV. De este modo, los kilometrajes falsos podían quedar reflejados en los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La trama también recurría a la obtención de duplicados de tarjetas de inspección técnica y permisos de circulación, así como a la manipulación de algunos de estos documentos, para ocultar el kilometraje real de los automóviles.

Posteriormente, los acusados publicaban anuncios de venta en una página web, en los que ofrecían los vehículos con un número de kilómetros inferior al real y describían un estado de conservación que no se correspondía con sus condiciones verdaderas.

Cuando los interesados contactaban con los vendedores, estos concertaban encuentros, en la mayoría de los casos en una localidad de la provincia de Lugo. Allí mostraban los automóviles y mantenían el engaño sobre sus características y su estado, lo que llevaba a los compradores a pagar precios muy superiores a los que correspondían a su valor real.

ACUERDO JUDICIAL

Según la acusación, las operaciones no se habrían llevado a cabo si los compradores hubieran conocido el kilometraje auténtico y los defectos de los vehículos.

El acuerdo al que han llegado este lunes anula un proceso judicial en el que estaban reservados cinco días, con declaraciones de todas las víctimas y peritos a una media de 25 testigos en cada sesión.