Fiscalía mantiene su petición de condena para el secretario-interventor de Fisterra (A Coruña) por, presuntamente, «detraer» unos 26.000 euros de las arcas municipales «aprovechando las facultades de disposición que su cargo le facilitaba». En concreto, demanda que sea condenado a seis años de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Ante el tribunal del jurado, en la última sesión del juicio celebrada en la Audiencia de A Coruña, ha considerado que el secretario-interventor –que devolvió 6.778 euros en 2018– «alteró y manipuló las órdenes de pago» para «detraer» entre 2011 y 2012 unos 26.000 euros. En concreto, sería en a principios de 2011 y, con posterioridad, en 2012, entre los meses de agosto y octubre.
Del acusado, ha asegurado que era «el último eslabón en la cadena del procedimiento administrativo de las órdenes de pago y quien las gestionaba ante la entidad bancaria», la que dio aviso al entonces alcalde de Fisterra de supuestas irregularidades en las citadas órdenes.
Los mismos argumentos ha defendido la acusación que representa al Consistorio. Como el Ministerio Público, ha reconocido que el acusado realizaba más horas de las que le correspondía, renunciando también a parte de sus vacaciones, como expuso el secretario-interventor para justificar el dinero recibido. De él, aseguró que correspondía a «anticipos» y «gratificaciones» por realizar más jornada laboral de la fijada.
«Esa labor encomiable no puede ser una patente de corso y obtener dinero de manera indebida», ha expuesto el fiscal. «Si realmente hubo un acuerdo, los acuerdos no son verbales», ha añadido la acusación particular rechazando que el entonces alcalde –que sí reconoció la existencia de algún anticipo y gratificación– permitiese esos pagos.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
La defensa ha rechazado, por su parte, los argumentos expuestos por ambos y ha insistido en que el secretario-interventor sigue trabajando en el ayuntamiento y que no hubo por parte del Consello de Contas ningún dictamen alertando de irregularidades.
También ha argumentado que por parte del exalcalde, que denunció los hechos tras el aviso de la entidad bancaria, como del actual se «podía incoar un expediente administrativo» contra el secretario-interventor, lo que no se hizo, según ha recordado.
«Si hubiera querido robar el dinero se hubiera hecho una manipulación tan burda», ha planteado también el letrado después de que los policías que se encargaron de la investigación reconociesen que había anotaciones en las órdenes de pago corregidas con tipex.
