La Xunta ha decidido declarar en situación de sequía prolongada el conjunto de la demarcación Galicia-Costa, tras analizar la evolución de los últimos indicadores y ante «un escenario de reducción de las precipitaciones sostenida en el tiempo».
Así, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha recordado que esta medida está prevista en el Plan Especial da Seca aprobado en 2022 y ya se aplicó en toda la cuenca ese mismo año en julio. Igualmente, ha matizado que la declación «no implica por sí misma restricciones».
Al respecto, fuentes de Medio Ambiente han explicado que, a efectos prácticos, las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales afectados «seguirán dependiendo de la fase de escasez en la que se encuentre cada sistema (alerta o prealerta)» y no de la propia declaración.
La Oficina Técnica da Seca se ha reunido este jueves y ha acordado adoptar esta medida y ampliar así el escenario que ya se había decretado a finales de septiembre en los sistemas del Ulla-Tambre y Costa Norte, extendiéndolo al conjunto de Galicia-Costa.
En la reunión también se ha acordado mantener la situación actual con respecto a la escasez, con la única excepción del sistema del río Grande, en Camariñas, donde se desactiva la prealerta ante la buena evolución de los principales indicadores en las últimas semanas.
Actualmente, un total de 123 municipios están parcial o totalmente incluidos en las unidades afectadas por la escasez conyuntural de agua: 32 en alerta y 91 en prealerta.
En el caso de la prealerta, la Xunta ha matizado que la incidencia es desigual, porque en algunos ayuntamientos solo está afectada una parte reducida de su territorio.
En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad por escasez y, según los últimos datos de ocupación, los embalses de abastecimiento están al 44,7% de su capacidad, 14 puntos menos que en las mismas fechas del año pasado.
La Xunta ha recordado que el nivel de alerta es el segundo más alto de los contemplados por el Plan Especial da Seca y supone «intensificar las medidas» para conservar los recursos. Esas medidas van desde la limitación del baldeo de calles, el riego de jardines a la prohibición de llenar piscinas, entre otras.
Los 32 ayuntamientos en situación de alerta son Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa (de la UTE río Lérez); Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas (del río Anllóns); y Baiona.
