El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha reivindicado las medidas de refuerzo de la convivencia educativa que buscarán «prevenir, intervenir y proteger» tanto al alumnado como al profesorado ante conductas contrarias a la convivencia.

«Están orientadas, básicamente, a fomentar el respeto en los centros educativos entre el conjunto de la colectividad, fomentar la convivencia en la comunidad educativa y también reforzar a la autoridad docente», ha explicado el conselleiro en declaraciones a los medios este miércoles.

Román Rodríguez se ha reunido con representantes de la comunidad educativa, entre ellos los integrantes de la Xunta Autonómica de Directores, así como directores de distintos centros educativos de toda Galicia, para dar cuenta de este paquete de acciones.

Entre estas nuevas medidas se incluye la intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como el acoso y el ciberacoso, y también se tipifican, por primera vez, las agresiones a los docentes, «una medida pionera en toda España».

A este respecto, y dado que el clima escolar en Galicia es «bueno», tal y como confirman los datos de las últimas encuestas, citadas por el propio conselleiro, ha insistido en que la «inmensa mayoría» de los alumnos y de las familias «pueden estar absolutamente tranquilos», pero que aquellas personas que, de manera muy excepcional, puedan llegar a agredir «sepan que no les va a salir gratis».

Las modificaciones, que se harán efectivas a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2027, reforzarán la autoridad del docente a la hora del ejercer sus funciones y el acompañamiento – tanto a nivel psicológico como jurídico- que van a tener a través de la nueva Oficina de apoyo al profesorado.

Asimismo, ha destacado la prevención como un ámbito fundamental de actuación, que se canalizará a través del Plan de coeducación, cuya finalidad es «educar en el respeto y también en la responsabilidad por parte de las personas que practican conductas contrarias a la convivencia y en la reparación del daño causado».

Precisamente, en lo que respecta a las consecuencias ante conductas contrarias a la convivencia, se va a llevar a cabo la modificación de la Ley 4/2011 de Convivencia y participación de la comunidad educativa a través de la que se actualizará el marco para responder a las nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado.

Las conductas contrarias a la convivencia se van a graduar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, con su correspondiente intensidad de respuesta educativa.

En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, entre otras.

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso, tipificadas como muy graves, se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.

PROTECCIÓN AL PROFESORADO

Asimismo, a través de esta reforma legislativa se establecerá un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones para proteger al profesorado de los centros docentes públicos.

Así, ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas «proporcionales a la gravedad» de los hechos, compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penales correspondientes. Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.

«Se incorpora una vía administrativa propia de protección, prevención inmediata y reparación del daño causado, por lo que la protección del profesorado deja de depender únicamente de la respuesta interna del centro o, en casos extremos, de la vía penal», ha explicado el conselleiro.

En este contexto nace también la Oficina de apoyo al profesorado, cuya puesta en funcionamiento se está ultimando, para reforzar la protección del docente y el reconocimiento legal como autoridad pública.