El Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas, entre otros aspectos, a que Galicia se convierta formalmente en «la primera comunidad en proteger la autoridad» docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres o responsables de un alumno podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros.

Lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas, y ha detallado los cambios legislativos que pretende impulsar la Administración autonómica. De hecho, también se incluye la intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como acoso y ciberacoso.

Estas nuevas medidas se materializarán en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañarán a la ley de Orzamentos de 2027, a través de la que se actualizarán la ley y el decreto de convivencia en las aulas.

Si bien la Xunta destaca que Galicia cuenta con «un buen clima de convivencia en las aulas» y con «una buena evolución en la última década» según los datos de las encuestas bianuales –en torno al 88% de los encuestados consideran que no existen conflictos o solo existen de manera puntual–, el Gobierno gallego ha optado por dar un nuevo paso.

El objetivo es «disponer de un marco compartido y actualizado» de cumplimiento de normas para «proteger al alumnado y al profesorado, así como generar confianza en las familias». A tal fin, se trabajará en tres dimensiones complementarias: educar en la prevención; educar en el valor de las normas y de la responsabilidad, introduciendo no solo la perspectiva sancionadora, sino también con acciones enfocadas a la finalidad educativa y reparadora; y también reforzar el apoyo, acompañamiento y la autoridad del profesorado.

En el centro de todas las acciones se sitúa, advierte la Xunta, el fin último de «tolerancia cero ante cualquier agresión».

NUEVA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS SEGÚN GRAVEDAD

Calvo ha incidido en que, en el ámbito concreto del respeto a las normas, se hace especial hincapié en la responsabilidad del alumnado de aceptar las consecuencias de los actos y la reparación del daño causado como parte del proceso educativo.

En este sentido, se llevará a cabo una modificación de la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa para «responder a nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado».

Las conductas contrarias a la convivencia se van a escalonar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, con su correspondiente intensidad de respuesta educativa.

Además de introducir una nueva categoría intermedia de conductas graves, la reforma actualiza las conductas de mayor gravedad, entre las que se incluyen expresamente las agresiones, actos violentos, amenazas o coacciones susceptibles de causar un perjuicio grave, actos graves de discriminación, vejación o humillación, manifestaciones graves de odio, violencia de género y sexual, acoso y ciberacoso, grabación y publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad la intimidad o la propia imagen.

La regulación abarca también la creación o manipulación mediante inteligencia artificial (IA) de contenidos que afecten a estos derechos. Se refuerza también la corresponsabilidad del alumnado, incorporando entre sus deberes básicos comunicar al profesorado o al equipo directivo las situaciones de violencia o riesgo grave para miembros de la comunidad educativa de las que tenga conocimiento.

DE LA EXPULSIÓN AL CAMBIO DE CENTRO

En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo.

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.

Asimismo, la reiteración de conductas leves será una consideración específica, de manera que una nueva conducta leve podrá calificarse como grave cuando existan, por lo menos, dos correcciones firmes anteriores por conductas leves en el mismo curso.

Y una nueva conducta grave podrá pasar a considerarse muy grave cuando existan dos correcciones firmes previas por conductas graves. También se trabajará de una manera más intensiva las medidas reparadoras, de manera que quien causa un daño pueda asumir la responsabilidad de repararlo o realizar actuaciones en beneficio de la comunidad educativa.

NUEVO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL PROFESORADO

Al tiempo, se fijará un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones para proteger al profesorado de los centros docentes públicos. Esto es, que ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penitenciarias correspondientes. Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.

Paralelamente, se podrán adoptar medidas provisionales de protección mientras se tramita el procedimiento, como puede ser la limitación temporal del acceso al centro educativo o de la participación en las actividades escolares o de los canales de comunicación con el profesorado afectado.

En este contexto nace también la Oficina de Apoio ao Profesorado, cuya puesta en funcionamiento se está ultimando, para reforzar la protección del docente y el reconocimiento legal como autoridad pública.

Será un servicio a través del cuál se ofrecerá acompañamiento y orientación a los docentes, incluido asesoramiento y asistencia jurídica, de ser necesario. Prestará apoyo ante agresiones, amenazas, acciones y situaciones de acoso o ataques físicos y a través de las redes sociales, procedentes de familiares del alumnado o de sus representantes legales. Y también facilitará acompañamiento en los procedimientos de denuncia, cuando resulte necesario.

EDUCAR EN LA PREVENCIÓN

En el ámbito de la prevención, se dotará al sistema educativo de un Plan de coeducación cuya finalidad es educar en el respecto a la dignidad y a la libertad de cada persona, fomentar relaciones basadas en el buen trato y en la responsabilidad y prevenir comportamientos de dominio, control, discriminación o violencia.

Estas acciones preventivas se desarrollarán progresivamente a lo largo de las diferentes etapas educativas, con especial intensidad durante la educación básica, siempre adaptando contenidos a la edad y al grado de madurez del alumnado. Los campos prioritarios de actuación son la igualdad, la educación para el respeto, la prevención de lo acoso y del ciberacoso, las relaciones afectivas saludables, la prevención de la violencia de género, el respecto a los límites personales y al consentimiento y la resolución pacífica de conflictos.

Dentro de este plan también se prestará especial atención al ámbito digital, proporcionando a los estudiantes herramientas para hacer un uso responsable de la tecnología, proteger la intimidad propia y ajena e identificar situaciones de riesgo. Asimismo, se reforzará la formación del profesorado y se intensificará la colaboración con las familias.