La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado los acuerdos de la Xunta de Galicia que declararon la utilidad pública y la compatibilidad con diversos aprovechamientos forestales de las instalaciones del proyecto del parque eólico Coto da Mina, ubicadas en Irixo y Piñor (Ourense), y del parque eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives (Ourense) y Ribas de Sil (Lugo).

En su resolución, informa el alto tribunal gallego, la Sala sobre la primera advierte de que «no se puede en este litigio reabrir un debate que se tenía que haber planteado frente a las autorizaciones previa y de construcción, por lo que debe desestimarse el motivo y pretensión relacionados con que el proyecto industrial autorizado no satisface una necesidad colectiva, ni maximiza el bienestar general».

El tribunal, por lo tanto, entiende que la asociación ecologista recurrente sí tiene legitimación para cuestiones ambientales, pero destaca que no puede reabrirse en este proceso el debate sobre la autorización de construcción previa, que no ha sido impugnada en el recurso.

Asimismo, analiza el alcance del control judicial sobre la causa expropiandi en instalaciones eléctricas y recuerda que, si bien la utilidad pública del sector está declarada por ley, corresponde justificar en cada caso la necesidad concreta y la proporcionalidad de los bienes a expropiar.

En la sentencia, el TSXG concluye que la parte recurrente no acredita titularidad ni interés singular sobre las parcelas afectadas por la expropiación, de modo que señala que carece de legitimación para impugnar la relación de bienes a expropiar. A ello añade que los argumentos aportados, vinculados a la adecuación del proyecto y a impactos ambientales, no permiten invalidar el acuerdo impugnado.

ARGUMENTOS

Los magistrados señalan que «es evidente que si la promotora relacionó los bienes y derechos a expropiar fue porque no disponía de ellos y eran necesarios para ejecutar el proyecto autorizado; y también es presumible que, antes de adoptar el acuerdo, la autoridad gubernativa verificó que aquéllos respondían a la causa expropiandi y que no existía otra alternativa menos lesiva para conseguir ejecutar el parque eólico».

En definitiva, destaca que, «sea como fuere, y esto es lo que ahora importa, no ha acreditado la asociación que fuera titular de alguno de las parcelas a expropiar, por lo que en este punto carece de legitimación activa para defender derechos e intereses ajenos, que no son actuaciones de tipo medioambiental para las que sí cuenta con legitimación».

COTO DA MINA

Sobre el Coto da Mina, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya en el fallo que «no se puede en este litigio reabrir un debate que se tenía que haber planteado frente a las autorizaciones previa y de construcción, que sí se sigue en otro litigio, por lo que debe desestimarse el motivo y pretensión relacionados con que el proyecto industrial autorizado no satisface una necesidad colectiva, ni maximiza el bienestar general».

La Sala aprecia que la declaración de utilidad pública y la tramitación exigida por la normativa sectorial y expropiatoria no han sido vulneradas de forma que quepa anular el acuerdo impugnado, por lo que desestima el recurso interpuesto por la asociación ecologista y confirma el acuerdo de la Xunta. La sentencia, igual que la anterior, no es firme pues contra ella se puede interponer recurso de casación.