El pleno ordinario de la Diputación de Lugo celebrado este martes ha tenido como una de sus imágenes más significativas la ausencia de la portavoz del Grupo Provincial Socialista, Pilar García Porto.

La diputada no ha estado presente en la sesión al coincidir su celebración con su comparecencia como testigo ante el Tribunal de Instancia número 3 de Lugo, dentro de la investigación judicial sobre el expresidente de la institución provincial y alcalde de Monforte, José Tomé.

Haciendo valer el voto de calidad de la presidenta en prácticamente todas la votaciones, la corporación ha abordado asuntos de distinto calado con numerosos enfrentamientos políticos, especialmente en torno a las competencias de la Xunta, la educación, la atención a las personas mayores y la gestión de la institución provincial.

Uno de los acuerdos de mayor consenso ha sido la aprobación por unanimidad de la cesión de la Casona del Incio al ayuntamiento de este municipio.

El inmueble, adquirido por la Diputación hace dos décadas, será puesto a disposición del Ayuntamiento para avanzar en su recuperación como espacio público. La institución provincial aportará además 250.000 euros para colaborar en la rehabilitación, según había anunciado previamente la presidenta, Carmela López.

También ha salido adelante por unanimidad la cesión al Ayuntamiento de Pantón de una parcela de unos 21.000 metros cuadrados situada en las inmediaciones del pantalán de Maiorga. El terreno permitirá facilitar el acceso a esta instalación fluvial y avanzar en el proyecto de mejora que el municipio tramita con la colaboración de la Confederación Hidrográfica.

La presidenta de la Diputación ha aprovechado además el pleno para reivindicar una política de cooperación con los 67 ayuntamientos de la provincia con independencia de su color político. López ha afirmado que las solicitudes municipales son atendidas cuando existen proyectos viables y defendió que la Xunta debería aplicar el mismo criterio. «Si una medida es buena para la gente, a mí me importa poco quién la presente», ha sostenido.

MÁS RECURSOS PARA ATENCIÓN A MAYORES

En el apartado social, el pleno ha abordado, con los votos del PSOE, BNG y el diputado no adscrito y el rechazo del PP, una iniciativa para reclamar a la Xunta más recursos para la atención a las personas mayores.

El debate ha girado en torno a la financiación de las residencias públicas y al papel que deben asumir las distintas administraciones. La Diputación ha recordado que mantiene nueve residencias con cerca de 300 plazas y una ocupación del 100 %, mientras que el BNG ha reclamado que el Gobierno gallego financie también las plazas de titularidad provincial y municipal.

La educación ha sido otro de los asuntos destacados. La corporación ha aprobado, con el voto contrario de los populares, reclamar más profesorado para el CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño de Begonte, especialmente para atender las aulas multinivel de Infantil y las necesidades educativas especiales.

La Diputación también ha dado respaldo a una propuesta del BNG para reclamar a la Xunta más recursos y actuaciones en distintos centros educativos de la provincia.

Entre las iniciativas nacionalistas aprobadas ha figurado asimismo una moción para exigir ayudas extraordinarias destinadas a las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía. El BNG ha defendido una línea directa de apoyo para compensar el incremento de los costes provocado por la caída de la producción de forraje y ha planteado medidas de adaptación del sector primario al cambio climático.

CUENTA GENERAL DE 2025

Otro de los puntos centrales de la sesión ha sido la aprobación de la Cuenta General de 2025. El documento ha recibido el respaldo de PSOE, BNG y del diputado no adscrito, mientras que el PP ha optado por la abstención.

Según los datos aportados por la institución, la Diputación cerró el ejercicio con deuda financiera cero, después de amortizar anticipadamente seis millones de euros, y ejecutó 21,2 millones de euros en inversión real, frente a los 9,5 millones del año anterior. La Cuenta General será remitida ahora al Consello de Contas y al Tribunal de Contas dentro del plazo establecido.

El pleno ha servido igualmente para repasar la situación de los denominados náuticos provinciales. Ponte do Sil y O Mazo de Santa Comba se encuentran en fase previa a la adjudicación, mientras que Portomarín y Os Robles quedaron desiertos. En Augasmestas existe una oferta tras la reapertura del procedimiento y continúan en tramitación los expedientes de Os Chancís y Maiorga.

La sesión ha terminado dejando también patente el cruce de reproches entre gobierno y oposición. El PP acusó al Ejecutivo provincial de mantener una política de «sectarismo» hacia los ayuntamientos gobernados por los populares y ha vuelto a reclamar disculpas por la sanción impuesta al Ayuntamiento de Ribadeo, posteriormente anulada por la justicia. Los grupos que sostienen el gobierno provincial defendieron, por su parte, su gestión y la cooperación con los municipios.

La moción de los populares pidiendo una respuesta firma del Gobierno del Estado ante lo «graves sucesos» registrados en Ceuta ha encendido de nuevo el debate pero no ha conseguido el respaldo de la mayoría.