La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado «perfectamente factible» que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular apoyen la reforma impulsada por el Gobierno para que la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico pueda realizarse en los centros de salud.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, preguntada por si las comunidades del PP respaldarán esta medida, García ha puesto como ejemplo a Cantabria y a otras autonomías gobernadas por los ‘populares’ que ya realizan una elevada proporción de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

«Hay muchas comunidades autónomas del Partido Popular, no será Madrid ni Andalucía, pero algunas otras sí, por ejemplo Cantabria, que ya tienen casi el 80, 90 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la sanidad pública y en parte por el aborto farmacológico», ha señalado.

La ministra ha defendido que el objetivo es que las mujeres puedan resolver este proceso con su médico de Atención Primaria, al que ya conocen y con el que mantienen una relación de confianza.

«Cuando tú tienes confianza, tienes un médico de referencia que normalmente suele ser tu médico de Atención Primaria y tienes que resolver una interrupción voluntaria del embarazo, puede ser tu médico de Atención Primaria el que lo resuelva, el que le haga el seguimiento y con el que tienes la máxima confianza para poder hacer este servicio», ha explicado.

A su juicio, la extensión de esta prestación a los centros de salud requiere modificar «una serie de órdenes ministeriales», algunas relacionadas con la cartera común de servicios que afecta a las comunidades autónomas. Un cambio, ha concluido, que «sí» ve «perfectamente factible».

El Ministerio de Sanidad anunció este lunes que impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. Para ello, prevé modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptar la ficha técnica de la mifepristona para permitir su uso fuera del ámbito hospitalario y actualizar la cartera común del Sistema Nacional de Salud.