El secretario-interventor del Ayuntamiento de Fisterra, para el que Fiscalía pide seis años de cárcel como presunto autor de falsedad documental y malversación de caudales, ha negado los hechos, aunque ha explicado que recibió «gratificaciones» por realizar una jornada laboral muy superior a la que establecía su trabajo.

También ha asegurado que recibió varios anticipos que solicitó, pero ha precisado que la cantidad, en torno a 6.000 euros, los devolvió al Consistorio. Además, ha argumentado que lo que recibió está justificado.

En el juicio, que se celebra con jurado y que ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, han declarado, entre otros, el exalcaldede Fisterra, José Manuel Traba, que explicó que denunció los hechos tras informarle el banco de supuestas irregularidades contables.

A preguntas de la Fiscalía, que sostiene que el acusado se autoingresó más de 26.000 euros de las arcas municipales, el exregidor ha afirmado que el secretario se dedicaba «mañana y tarde» al ayuntamiento y que cobraba «el 60% de lo que cobran otras personas en la misma categoría», ha expuesto al ser preguntado sobre los argumentos del acusado respecto a las gratificaciones recibidas.

Al respecto, el exalcalde, al igual que hizo el que fue exteniente de alcalde de Fisterra, ha reconocido que el secretario-interventor, que aún ocupa este cargo en el Consistorio, recibió anticipos. «Uno o dos», ha expuesto. «Alguna sí», ha dicho también al ser preguntado si se le autorizó que cobrase gratificaciones.

ÓRDENES «ALTERADAS»

Mientras, un expolicía nacional de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que se encargó de la investigación de unos hechos denunciados en 2012, ha manifestado que, tras examinar la documentación de la entidad bancaria, detectaron «19 órdenes con alteraciones», de un total de 26.

«Con un sistema rudimentario», ha dicho al calificar de «burdo» el sistema por el que, supuestamente, se alteraron las cantidades de órdenes de pago. Al respecto, ha señalado que se hizo «con typex y con máquina de escribir».

De acuerdo con el escrito de calificación fiscal, los hechos se produjeron entre enero de 2011 y diciembre de 2012 cuando, presuntamente, el acusado detrajo dinero público «aprovechando las facultades de disposición que su cargo le facilitaba» al corresponderle la firma de las órdenes de pago de las nóminas y la remisión de las mismas al banco para que se cargaran en la cuenta del Ayuntamiento.

En este contexto, el Ministerio Público afirma que «manipuló y alteró sus propias nóminas» y las órdenes de pago, tras presentarlas al alcalde y al tesorero del Consistorio, y que lo hizo sustituyendo las fechas e insertando anotaciones manuscritas con otras cantidades que después justificaba por vacaciones, anticipos y otros conceptos, según el escrito de calificación.