El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado este miércoles a Gobierno y comunidades autónomas que culminen el traspaso de la sanidad penitenciaria «a la mayor brevedad posible» para mejorar la atención sanitaria y las «precarias» condiciones laborales de los profesionales sanitarios que trabajan en las prisiones.

SATSE ha explicado en un comunicado que, desde que la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) estableció que los servicios dependientes de Instituciones Penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas hace 23 años, el traspaso solo se ha hecho efectivo en Cataluña, País Vasco y Navarra.

Según ha denunciado, «ninguna de las administraciones responsables de cumplir esta ley ha mostrado una voluntad real de llegar a un acuerdo», pasándose la responsabilidad de unos a otros y justificándose en «diferencias sobre la cuantía económica que debería acompañar al traspaso».

«El traspaso de la sanidad penitenciaria es un ejemplo más del gran fracaso de la política de nuestro país cuando se trata de dejar a un lado intereses particulares para llegar a acuerdos que beneficien al interés general. Administraciones y partidos no cumplen sus compromisos y las consecuencias las pagan profesionales y ciudadanía», ha aseverado.

La organización sindical ha advertido de que la situación actual «compromete la asistencia», con condiciones laborales «precarias que empeoran cada año», y entre las que ha apuntado a un déficit creciente de plantillas de enfermeras y médicos en los centros penitenciarios, que lleva a que los profesionales no quieran trabajar en este ámbito.

En este punto, ha precisado que la última convocatoria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias realizada por el Ministerio del Interior a finales del año pasado fue de 39 plazas, una cifra que, a su juicio, es «totalmente insuficiente».

SOBRECARGA Y PRECARIEDAD

Según cifras oficiales detalladas por el sindicato, la población reclusa supera las 62.000 personas, mientras que hay menos de 600 enfermeras trabajando en los centros penitenciarios, lo que supone que cada una de estas profesionales tiene una media de más de 100 personas a las que atender durante su jornada de trabajo.

Además de la «permanente sobrecarga laboral» que se agrava por la «dificultad» e, incluso, «imposibilidad», en ocasiones, de cubrir bajas, jubilaciones o vacaciones del personal, SATSE ha señalado que las enfermeras «se ven obligadas a realizar funciones que no son de su competencia y a trabajar en entornos de alta exigencia asistencial y con serios riesgos para su seguridad y salud física y psicológica».

En este contexto, ha urgido a realizar el traspaso de la sanidad penitenciaria, con la dotación económica necesaria para mejorar la atención sanitaria a las personas privadas de libertad y las condiciones laborales de las enfermeras y del resto del personal sanitario.

Asimismo, ha demandado que, una vez formalizado el traspaso, el personal se equipare salarial y laboralmente al personal estatutario del servicio de salud correspondiente y que, a partir de ese momento, se acuerden sus condiciones y derechos laborales en los mismos ámbitos y mesas de negociación que el resto de compañeros.