La ley de educación digital de Galicia continúa con su tramitación tras ser rechazadas las enmiendas presentadas por PSdeG y BNG, que han reprochado «falta de diálogo» y han lamentado que «no ha habido participación ni consenso», mientras que el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido que «se puede discrepar de las medidas», pero «resulta difícil afirmar que no ha existido diálogo ni participación social».

En el debate de totalidad del proyecto de ley, el responsable autonómico ha subrayado que la norma «no nace de la improvisación», sino que «parte de un modelo claro y de un importante trabajo previo».

Así, ha detallado los seis ejes en los que se basa la ley, comenzando por el uso de la tecnología por parte del alumnado, sobre lo que ha destacado que hasta 5º de Primaria el uso de dispositivos se hará de manera colectiva, mientras que a partir de este curso se irá aumentando «conforme el desarrollo psicosocial del alumnado y siempre bajo supervisión». Ya en ESO, el uso deberá asegurar «la adquisición de competencias digitales y estará orientado a fomentar el pensamiento crítico».

Respecto a la seguridad en las comunicaciones en el entorno educativo, Rodríguez ha explicado que se dotará de una identidad digital corporativa y se «reforzarán las garantías de los canales de comunicación entre centros y familia».

Asimismo, el conselleiro ha puesto el foco en la regulación de los derechos y deberes, con «reglas claras» para situaciones que, ha añadido, «hasta ahora no contaban con marco legal y jurídico». En esta línea, ha señalado que se incorporará la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo y se fijan los límites en la grabación de las clases y tutorías, que no podrán ser grabadas ni reproducidas sin autorización expresa.

«Reforzamos la prohibición de los teléfonos y dotamos a los centros de un protocolo específico con base legal para la retirada y custodia de los dispositivos», ha expuesto Román Rodríguez.

Por otro lado, se extenderá al entorno digital «su condición de autoridad pública» y se reforzará la formación obligatoria en este ámbito «cuando resulte imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo».

CORRESPONSABILIDAD Y REGULACIÓN

El conselleiro también ha subrayado que habrá programas específicos de formación sobre el uso de Internet y se favorecerá la conexión de las familias con los centros para que tengan «información directa» en protocolos de convivencia y seguridad vigentes.

Por último, el titular de Educación ha reivindicado que «por primera vez y de manera pionera en España» se establece un marco «claro» para el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

«La idea es muy clara: la IA puede ser una herramienta de apoyo educativo, pero nunca debe sustituir el criterio de los docentes. Los sistemas de IA podrán emplearse con carácter auxiliar para adaptar materias, pero siempre bajo supervisión humana. Nunca se va a sustituir el papel del docente», ha aseverado.

Por todo ello, Román Rodríguez ha defendido que se trata de una ley «necesaria, oportuna y valiente» y que, además, «ha sido construida sobre el diálogo con la comunidad educativa y las evidencias científicas».

PSDEG RECLAMA COMISIÓN DE ESTUDIO

A continuación, el diputado del PSdeG Aitor Bouza ha criticado que la Xunta presente esta ley «sin diálogo», cuestionando cuántas de las aportaciones recibidas fueron aceptadas e incorporadas.

Por ello, ha vuelto a reclamar una comisión de estudio en la Cámara gallega, que fue rechazada por el Grupo Popular, y ha pedido al Ejecutivo autonómico «ser valientes» y garantizar «realmente» los derechos de toda la comunidad educativa. «Que aplicarla sirva para algo y cuando llegue a los centros tenga una ejecución práctica real», ha señalado.

Además, Bouza ha hecho referencia en su intervención a las medidas acordadas este lunes por el Consello de la Xunta para tratar de paliar los resultados del último informe PISA. «¿Por qué no las tomaron antes?», ha cuestionado el parlamentario socialista antes de preguntar al conselleiro «cuándo se va a hacer una evaluación de lo que pasó con E-Dixgal».

A este respecto, Bouza ha afirmado que «la mayor enmienda» a la política educativa de educación digital de la Xunta «la está haciendo Feijóo, que impulsó el E-Dixgal y ahora lo quiere prohibir en toda España».

BNG: «BAJO COMPROMISO Y CONCRECIÓN» También ha puesto el foco en E-Dixgal la diputada del BNG Cristina Fernández Davila, recordando, entre otras cosas, que las familias «rechazaron continuar en el programa» y que los centros «empezaron a darse de baja».

Así, ha defendido la enmienda de devolución presentada por los nacionalistas para que sea retirado este proyecto «por tener como base E-Dixgal», pidiendo una «evaluación de impacto independiente» que pudiese servir para «diseñar una ley que implemente una digitalización que funcione, que acompañe al alumnado, que dote de los medios, formación, horario y docentes que pueden asumir la carga».

«Al PP no le mueve mejorar la educación pública, está más pendiente de obedecer las órdenes de su partido desde Madrid», ha asegurado la nacionalista, que también ha criticado que «el problema es la falta de recursos y que el Gobierno no escucha a los profesionales».

Del mismo modo, Cristina Fernández ha insistido en que la redacción de la nueva norma «queda muy abierta», lo que, en su opinión, muestra «el grado tan bajo de compromiso y concreción del texto» para regular el uso de la tecnología en las aulas.

PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS

Por parte del PPdeG, Julio García Comesaña ha reprochado a la oposición que hable de falta de consenso, poniendo como ejemplo la LOMLOE «que los consejeros del PP se encontraron en una sectorial».

También ha defendido que no se hizo de espaldas a la comunidad educativa, ya que, según ha expuesto, participaron diferentes especialistas, el Consello Escolar de Galicia y diferentes colectivos profesionales, entre otros.