El sindicato CIG ha denunciado que la empresa Monbus, nueva adjudicataria del transporte escolar en la comarca de A Barbanza, ha dejado «tirados» a monitores/as y conductores/as, incumpliendo la obligación de subrogar a todo el personal que trabajaba en ese servicio.

Según ha explicado la central, se trata de personal fijo-discontinuo que «tenía que ser llamado a incorporarse a su trabajo con el inicio del curso escolar el día 9 de septiembre». También ha advertido de que, a psar de «repetidos intentos de aclarar la situación», la empresa «solo dio excusas y va dejando pasar el tiempo sin resolver el problema».

La CIG ha explicado este martes en rueda de prensa que tiene constancia de unas 10 personas afectadas, acompañantes y conductores, todas procedentes del Grupo de Empresas Ferrín, «aunque es posible que haya más».

Así, han advertido de que estos trabajadores aún no han sido dados de alta en la Seguridad Social y han anunciado acciones para obligar a Monbus a «respetar los derechos» de los empleados y a cumplir la subrrogación. «Y más cuando se trata de un servicio público, pagado con dinero de todos», han incidido, antes de advertir de que no descartan movilizaciones.

Uno de los trabajadores afectados, Francisco Domínguez, ha señalado que lleva más de 30 años en el servicio y siempre era llamado al principio del curso, por lo que ha denunciado que «no se entiende» que Monbus ahora quiera «deshacerse» de este personal.

Por otra parte, han advertido de que se están produciendo «episodios caóticos» en la implementación del servicio, como «paradas que no se hacen» o «llegadas tarde a los colegios y paradas»; y que tienen sospechas de que algunas de las personas contratadas en su lugar no tienen el carné homologado para conducir autobuses de este tipo. «Y nos consta que ni siquiera les requirieron el certificado de no haber cometido delitos sexuales, obligatorio para el transporte escolar».

La CIG ha pedido reuniones con responsables de los Ayuntamientos de Ribeira y A Pobra para tratar esta situación, y ha aclarado que la Xunta «sabe de los problemas» porque las Anpas y las direcciones de los centros afectados informaron «desde el primer día».