La Xunta mantiene la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña, hasta el límite con Arteixo, así como la ampliación de medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

Además, en vista de la evolución más reciente de los indicadores en el resto de la demarcación, también se extiende desde este jueves la declaración de prealerta a la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira), y en el subsistema de Zamáns se empezarán a adoptar medidas equivalentes.

Estas dos zonas se suman a las cuatro unidades territoriales (UTE) de la Demarcación Galicia-Costa que llevan en prealerta por escasez moderada de agua desde el 11 de agosto y que continuarán en la misma situación: las UTE del río Tambre y ría de Muros y Noia; del río Grande, en Camariñas; del río Mandeo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo ha acordado este jueves la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también el gerente del organismo hidráulico, entre otros cargos, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de la sequía de Galicia-Costa.

Tal y como han analizado, los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes haya acabado siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque «sin tener efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas hídricas, de los caudales de los ríos y de los escenarios actualmente activados».

Además, las previsiones para septiembre a corto plazo no apuntan a la llegada de precipitaciones, si no a un predominio anticiclónico y un aumento de las temperaturas y se espera que el mes, en su conjunto, acabe moviéndose dentro de la normalidad.

MÁS DE UN CENTENAR DE AYUNTAMIENTOS

Más de un centenar de ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas: 32 por la alerta o por medidas equivalentes y otros 75 por la declaración de la prealerta o medidas equivalentes.

En este último caso, con todo, la incidencia en la práctica es desigual, ya que en algunos ayuntamientos sólo una parte reducida de su territorio pertenece a la unidad afectada y el sistema principal de abastecimiento capta el agua en otra bacía.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el origen del agua de los sistemas municipales principales, la prealerta tiene mayores implicaciones prácticas sobre el abastecimiento en 48 ayuntamientos.

En el resto de unidades territoriales de escasez en las que se divide Galicia-Costa se mantiene la situación de normalidad y según los últimos datos de ocupación disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan en el 58,18% de su capacidad, 11 puntos por debajo del nivel registrado el año pasado en esta misma fecha.

IMPLICACIONES

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de la sequía de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

A efectos prácticos, esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesarios, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

Asimismo, el escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados, así como de los posibles incidentes. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales.