La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha sostenido que la Denominación de Origen (D.O.) de las Rías Baixas no solicitó, como sí lo hicieron otras D.O., ni la destilación de crisis ni la cosecha en verde.

Así lo ha traslado este miércoles en el pleno de la Cámara gallega en respuesta a la parlamentaria del BNG, Montse Prado, quien ha advertido de que hay estimaciones del sector de que «podrían quedar sin recoger entre 4 y 5 millones de uva».

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado en el pleno del Parlamento de Galicia, en el que ha señalado que para el Gobierno gallego la Denominación de Origen de las Rías Baixas es una «prioridad».

«La Xunta estuvo, está y estará siempre al lado de los productores gallegos y, concretamente, con los viticultores», ha dicho la titular de Medio Rural, que ha sostenido que llevan «años trabajando a favor de un sector vitivinícola fuerte, justo y sostenible» con «medidas reales».

De este modo, ha dicho que, además de todas las ayudas vinculadas a las explotaciones agrícolas, dispone de líneas específicas de «mucho calado». En este punto, ha citado apoyos para la reestructuración, con 4 millones anuales; para la elaboración, comercialización y promoción, con 6,7 millones; para la promoción en terceros países, con 1,7 millones; así como los apoyos de casi 2 millones para los consejos regulares. «Son casi 15 millones de euros anuales», ha apuntado.

También ha afirmado que la Xunta cumple con sus obligaciones, como son controlar que se cumpla la ley de cadena alimentaria, mejorar la capacidad de comercializar y trabajar con ellos para que la producción y el mercado vayan lo más acompasados.

Todo ello después de que la diputada del BNG Montse Prado asegurase que se les están ofreciendo a los productores unos contratos con precios muy por debajo de los precios de producción. «Denuncian que hay algunos casos en los que se ofrecen 0,5 céntimos por kilo, cuando la cuantificación que hacen del precio de producción tanto viticultores como empresas es de entre 1,5 y 1,7 euros por kilo», ha indicado.

Además, ha advertido de que hay estimaciones del sector de que «podrían quedar sin recoger entre 4 y 5 millones de uva».

En su réplica, la conselleira ha sostenido que la Xunta asume sus responsabilidades y ha recordado que los consejos reguladores «tienen la obligación» de ordenar la producción y adaptar los rendimientos a las circunstancias de cada campaña, así como de proponer todas las medias que consideren conforme a la legislación vigente.

En este punto, ha incidido en que la Xunta colabora y facilita los instrumentos dentro de sus competencias, pero no sustituye a los órganos de las D.O. Así, ha dicho que el Ejecutivo autonómico facilita, además de las ayudas la destilación de crisis y órdenes para paliar la sobreproducción.

Sin embargo, ha sostenido que la denominación de las Rías Baixas no solicitó, como sí lo hicieron otras D.O. ni la destilación no la cosecha en verde.