La Fiscalía pide penas que suman 27 años de prisión para seis acusados, tres de ellos guardias civiles destinados en el puerto de Marín (Pontevedra), como presuntos autores de un delito continuado de falsedad documental, en relación con un delito continuado de contrabando de tabaco.

Los seis procesados serán juzgados la semana del 13 al 17 de enero en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Según el escrito de acusación pública, J.C.G.C., J.J.T.C. y E.E.T.B. trabajaban en dos empresas dedicadas al avituallamiento de buques y que, por tanto, disponían de un depósito fiscal en la Zona Franca de Vigo.

Estos acusados tramitaban el avituallamiento de, entre otras cosas, tabaco para el consumo de los tripulantes de los barcos y, aprovechando esa circunstancia, en colaboración con los guardias civiles J.V.B., F.R.R. y A.B.P., articularon un plan para poder disponer del tabaco y ponerlo en circulación fuera de los cauces legales.

Para ello falsificaron documentación con el fin de fingir operaciones de avituallamiento que no eran reales a buques que, en unos casos ni siquiera estaban en el puerto de Marín y, en otros, ya habían sido desguazados.

MÁS DE 300 OPERACIONES Y TABACO VALORADO EN 2,2 MILLONES

Con este ‘modus operandi’, falsearon entre 2010 y 2011 más de 300 operaciones de avituallamiento, y dispusieron de más de 51.700 cartones de tabaco, valorados en unos 2,2 millones de euros.

Así, los acusados eludieron derechos arancelarios por valor de 5.631 euros, y defraudaron 1,4 millones de euros de los impuestos a las labores del tabaco, así como otros 354.000 euros en concepto de IVA.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a J.C.G.C., J.J.T.C. y E.E.T.B. de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en relación con un delito continuado de contrabando de tabaco. Para cada uno de ellos pide 4 años de prisión y el pago de una multa de 5 millones de euros.

En el caso de los guardias civiles, les atribuye un delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario público, en relación con un delito continuado de contrabando de tabaco, y pide que cada uno sea condenado a 5 años de cárcel, y al pago de una multa de 7.560 euros.

Además, pide que todos los acusados indemnicen solidariamente a la Agencia tributaria en cantidades que suman 1,77 millones de euros.