La Comunidad gallega se convierte desde este sábado en el primer territorio de toda España que eleva al máximo rango normativo la protección del derecho al agua frente a la sequía y a situaciones de riesgo sanitario con la entrada en vigor de una ley de medidas de garantía de abastecimiento.

Así lo ha anunciado este sábado el Gobierno gallego en un comunicado en el que explican que esta normativa «refuerza la planificación y la respuesta coordinada de las administraciones públicas frente a los periodos de escasez de precipitaciones» ya que «garantiza agua en cantidades y calidad adecuadas a la población».

Por todo esto, Galicia también ha pasado a estar en la vanguardia de las comunidades que adaptan la gestión del agua al nuevo contexto de cambio climático.

En concreto, esta normativa apuesta por la «prevención», en cuanto a una «mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión y en el uso de reservas hídricas», así como también buscan la «ordenación y delimitación» de los protocolos de actuación que debe seguir cada administración en estas dos situaciones.

De esta manera, la Xunta vela «de forma directa» porque los ayuntamientos garanticen el abastecimiento a la población y refuerzan su labor de «asistencia técnica y financiera a las entidades locales», ha explica.

ADECUADA GESTIÓN

Lo primordial de la nueva normativa es conseguir «una gestión adecuada de los servicios del ciclo urbano del agua» y busca, entre otras cosas, «situar las fugas de las redes municipales por debajo del 20% en tres años».

Todas aquellas pérdidas excesivas que ocurran después de este periodo contarán con un gravamen disuasorio que se recaudará y destinará a la renovación de la red.

Además, la Administración autonómica ha anunciado que sacará una línea de ayudas para que los ayuntamientos instalen contadores de caudal y tengan una mayor facilidad para disponer de la información necesaria sobre fugas. Estos serán obligatorios tanto en los puntos de captación de agua como en los de subministración final.

El segundo objetivo de esta ley es reducir la vulnerabilidad frente a los episodios de sequía. Para ello se han establecido medidas de «planificación, gestión eficiente de recursos hídricos y de ejecución de nuevas infraestructuras».

De esta manera, se pretende conseguir la eficacia de los sistemas de abastecimiento y la respuesta ágil en caso de sequía o alerta sanitaria. En este sentido, serán los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes los responsables de elaborar un plan de actuación frente a estas dos situaciones de emergencia.

PLANES CONTRA LA SEQUÍA

Estos planes deben contar con una descripción y diagnóstico del sistema de abastecimiento, la identificación de las zonas más vulnerables, un sistema de indicadores para prevenir los escenarios de riesgo, la previsión de alternativas para el suministros y las actuaciones para garantizarlo.

Al mismo tiempo, los ayuntamientos deberán dictar disposiciones dirigidas al ahorro de agua en función del escenario de alerta. Tendrán que restringir el uso de agua potable para fines secundarios y ejecutar actuaciones identificadas como necesarias para garantizar el abastecimiento de acuerdo a lo establecido en su plan de emergencia.

Como una de las metas de esta ley es garantizar el abastecimiento en cantidad o calidad, el texto recoge que en caso de riesgo sanitario o escasez de agua las medidas adoptadas deben llevar implícita la declaración de utilidad pública y necesidad urgente de ocupación de terrenos necesarios para la ejecución de actuaciones. Esto prevalecerá sobre los instrumentos de planteamiento urbanístico, que serán adaptados posteriormente a las actuaciones.