La Plataforma Contra a Mina de Touro-O Pino ha acusado a Cobre San Rafael, empresa que pretende impulsar este proyecto, de utilizar su plan social como «limosna» y lo muestra como «un ejemplo de ‘greenwashing’ y marketing social» al estar dotado con una cantidad que considera «ridícula». «¿Y su caridad a cambio de qué?», retoriza.
Cobre San Rafael presentó el viernes el «marco genérico» en el que se fundamentarán las futuras líneas de acción del Plan Terras, al que ha asociado un mínimo de 45 millones de euros, que podrá ser superior en función de la evolución de la producción y de los precios del mercado del cobre. De hecho, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, confía en que esta cantidad al menos se duplique.
No obstante, en un comunicado emitido este sábado, la plataforma ciudadana considera que la dotación de 45 millones para este programa de responsabilidad social «resulta ridícula puesta en contexto», ya que, según recoge, «Cobre San Rafael cifró los costes de la operación minera en 1.215,45 millones de euros» en su proyecto de 2024.
«La comparación de ambas cifras muestra a las claras la dimensión de la limosna», valora. La considera «aún más ridícula» al compararla con el valor que ingresaría la empresa por la venta del cobre contenido en las reservas. Para su cálculo tiene en cuenta la estimación recogida por un informe de Atalaya Mining, que calcula unas reservas próximas a las 392.000 toneladas de cobre, y también que habría que descontar pérdidas metalúrgicas y otros conceptos.
«Ayer, 4 de septiembre, el cobre cotizó en torno a 6,60 dólares por libra, por lo que las reservas que estima andarían por los 5.7000 millones de dólares, casi 5.000 millones de euros: la limosna de Cobre San Rafael no llegaría ni a un 1% de lo que puede obtener por las reservas de cobre», calcula.
ADVIERTEN DE POSIBLES AFECCIONES AMBIENTALES
Los integrantes de la plataforma contraponen todo ello a la «interminable» lista de afecciones ambientales que aseguran que conllevará el proyecto, entre las que citan la «desaparición de numerosos manantiales» que abastecen aguas y granjas; los «enormes» depósitos de estériles de la mina, y la expropiación de «numerosísimas» parcelas vecinales.
También advierten que el proyecto causará voladuras «prácticamente diarias» que afectarán a la salud de gente y animales y que añadirá «más presión» para el sistema hídrico local, «nunca adecuadamente restaurado de las afecciones de la mina de los años 70-80», según recuerdan.
«En definitiva, una actividad que pretende extraer la materia prima, concentrado de cobre, con unos altísimos costes ambientales al ser una mina a cielo abierto y exportarla directamente, dejando aquí los pasivos ambientales a perpetuidad», censuran y, a su voz, añaden: «Ninguna limosna lo puede compensar».
