El Gobierno gallego ha acordado reforzar las competencias de los Consellos Sociais para garantizar la salud financiera de las universidades públicas gallegas. Así, se introduce la obligación de someter las cuentas de estas instituciones académicas a una auditoría externa antes de aprobarlas.

Tal y como ha trasladado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, este martes su equipo de Gobierno tomó conocimiento de los cambios que está previsto llevar a cabo en la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, con el objetivo de introducir mejoras en las competencias atribuidas a estos órganos para favorecer la transparencia y la estabilidad presupuestaria del sistema.

De este modo, con esta modificación no solo se atribuye al Consello Social la función de velar para que, con carácter previo a la aprobación de las cuentas anuales de la universidad, se realice la auditoría correspondiente, sino que se dota a este precepto de mayor «contundencia, claridad y carácter obligatorio».

Concretamente, tras trabajar esta propuesta conjuntamente con cada consello, el Gobierno gallego ha decidido introducir la obligación de ordenar de forma anual, antes de la aprobación de las cuentas de la universidad, la realización de una auditoría externa e independiente de las mismas y de la gestión económico-administrativa de la universidad.

Así, se evaluará no solo la corrección de la contabilidad, sino también la eficiencia administrativa y el uso adecuado de los fondos públicos del Plan galego de financiación universitaria. Además, el Consello Social deberá realizar un seguimiento de las recomendaciones de la auditoría y evaluar sus resultados, pudiendo instar a la universidad a activar planes de reequilibrio financiero.

Todo ello, ha señalado la Xunta, contribuirá a «blindar la transparencia y la estabilidad» presupuestaria de las universidades públicas, un requisito «indispensable» para preservar la calidad de estas enseñanzas y el desarrollo científico en Galicia.

A mayores, el Gobierno autonómico ha señalado que se realizarán otros ajustes para introducir modificaciones en la ley derivadas de la adaptación del texto a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). De esta forma, se «garantizará la coherencia normativa, evitando contradicciones y facilitando una interpretación homogénea» de las disposiciones conforme al marco legal vigente.