La declaración de zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela ha entrado en vigor este jueves y se extenderá durante un plazo de tres años. La aplicación de este instrumento permitirá contar con las medidas de contención de precios previstas en la ley estatal y de las contempladas en el plan elaborado a propósito por el Ayuntamiento.

Este municipio se ha convertido en la segunda ciudad gallega en entrar en esta clasificación, sumándose así a A Coruña, que obtuvo la declaración hace justo un año. Junto a Santiago, otras seis localidades españolas se han unido este miércoles al total de 317 que son consideradas oficialmente como zonas tensionadas. El Ministerio de Vivienda eleva a 9,3 millones las personas protegidas por este instrumento.

Entre otros, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler no podrán exceder el precio del anterior en la misma vivienda, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen contemplados con anterioridad. La única excepción es el caso de que se realice alguna de las actuaciones de rehabilitación o mejora.

En los inmuebles de propietarios considerados como grandes tenedores, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable en base a los índices de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Esta misma limitación se aplicará a las viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.

En Santiago, serán considerados como grandes tenedores a las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de cinco o más viviendas. La ley fija esta definición por defecto en aquellos que poseen 10 o más, aunque da la posibilidad de ampliarla si así se solicita, como ha sido el caso de la capital gallega.

De igual modo, los contratos de alquiler de vivienda habitual sujetos a esta declaración podrán prorrogarse de manera extraordinaria por plazos anuales y por un periodo máximo de tres años, «durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor», según recoge la normativa estatal.

Además, se aplicarán incentivos fiscales en el IRPF previstos en la ley para los alquileres de vivienda que cumplan determinadas condiciones de precio o de perfil del arrendatario. Aparte, Santiago accederá a ayudas más cuantiosas en ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.

PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS DEL AYUNTAMIENTO

Conforme a lo obligado por la ley, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante este tiempo, que incluye varias para optimizar el uso del parque residencial, como el gravamen fiscal a las viviendas vacías; actuaciones para ampliar el parque de vivienda protegida, y medidas para mejorar la eficiencia de la administración.

Algunas de ellas ya están en marcha o en proceso de poder aplicarse. Por ejemplo, las relativas a un mayor control de los pisos turísticos, que se han vistos reducidos en los últimos años. En cuanto al gravamen sobre los hogares desocupados, la ordenanza del impuesto a los bienes inmuebles (IBI) ya ha sido modificada y el Ayuntamiento está elaborando el censo necesario para su aplicación.

Cabe recordar que el gobierno local puso en marcha en junio un servicio gratuito en materia de alquiler, que se presta telefónicamente los martes y presencialmente los viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Entre otras cuestiones, contempla precisamente consultas orientadas a resolver dudas sobre la zona tensionada.