La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas de Morrazo (Pontevedra) ha llamado a declarar, en calidad de investigado, al actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), por el pago del rescate por el ciberataque sufrido en el Ayuntamiento hace ya más de tres años.

Todo ello después de que la Fiscalía Provincial de Pontevedra presentase denuncia ante el juzgado en octubre de 2024 en relación al supuesto pago de un rescate de casi 200.000 euros por parte del Ayuntamiento por el ciberataque, al ver indicios de los delitos de prevaricación, malversación, daños informáticos y coacciones.

Ahora, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consultadas por Europa Press, la jueza investiga al actual concejal de Urbanismo, aunque en aquel momento no tenía dicha concejalía asignada.

La causa se instruye por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, añaden las mismas fuentes. En ella también se investiga a otra persona, el titular de la empresa informática.

La investigación de Fiscalía se inició después de que el PP presentase denuncia por los hechos. El ciberataque ocurrió en mayo de 2023 y semanas después, el nuevo gobierno municipal, liderado por Araceli Gestivo (BNG), contrató por algo más de 5.000 euros una asistencia técnica a una empresa para hacer un estudio de los sistemas afectados, que no resolvió el problema.

Un mes después, se contrató a la misma empresa un nuevo contrato de «servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransonware», consiguiéndose el desencriptado de la mayoría de los archivos. Sin embargo, la compañía habría reconocido en un informe que había negociado con los autores del ciberataque y habría pagado el rescate en bitcoins.