El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado la «buena implantación» del gallego en la Administración General del Estado en Galicia y el «compromiso» del Gobierno estatal con la lengua y los derechos lingüísticos de la Comunidad.
Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Blanco mantuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y con el consejero técnico Daniel Martínez para analizar los resultados de la primera Encuesta sobre el Uso y Conocimiento del Gallego en la Administración General del Estado (AGE). En ella participaron 1.692 empleados públicos de todos los ministerios con presencia en la comunidad.
Según han señalado, los resultados constatan una «buena implantación» del gallego, ya que casi el 72 % del personal acredita un nivel CELGA 4 o superior, mientras que las competencias de comprensión oral y escrita alcanzan niveles «muy elevados».
De hecho, el 43 % del personal utiliza el gallego de forma habitual en su puesto de trabajo, un porcentaje que aumenta entre quienes prestan atención directa a la ciudadanía.
Pedro Blanco ha valorado estos resultados como «una muestra del compromiso del Gobierno y de la Administración General del Estado con la lengua gallega» y con los derechos lingüísticos de los habitantes de la Comunidad.
Asimismo, ha remarcado que la ciudadanía «tiene derecho a relacionarse con la Administración en gallego» y la importancia de «seguir trabajando y mejorando para que ese derecho se ejerza con plena normalidad» y en todos los servicios públicos.
En este sentido, ha asegurado que la Delegación del Gobierno continuará impulsando medidas para favorecer el uso cotidiano del gallego, reforzando la formación en expresión oral y escrita, facilitando recursos lingüísticos al personal y consolidando una cultura organizativa que contribuya a su normalización en el ámbito administrativo.
Finalmente, el delegado ha incidido en que el gallego es el «elemento esencial» de la identidad de Galicia, por lo que ha reafirmado el «compromiso» del Gobierno de España de seguir promoviendo su uso y garantizando una atención pública cada vez más «cercana, accesible y respetuosa» con los derechos lingüísticos.

