El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha lamentado las «complicaciones» en la implantación de la ley de eficiencia judicial por «plazos demasiado breves, con sobrecarga en las áreas de ejecución y sin apoyo económico por parte del Gobierno central».
Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Tronchoni participó este viernes por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, en la que se abordó la evaluación del impacto de la implantación de los tribunales de instancia.
En ella, José Tronchoni ha incidido en el «esfuerzo de dotación de personal y recursos que Galicia se ha visto obligada a realizar» para dar cumplimiento a la nueva Ley de Eficiencia Judicial, «implantada con plazos breves y falta de fondos estatales».
Según ha explicado, para poder mantener el rendimiento de ejercicios anteriores en las diferentes áreas de gestión se tuvo que «reforzar el personal y realizar llamamientos de personal interino de manera rápida y eficaz». Todo ello, ha añadido, en un contexto de «extraordinaria movilidad» de los trabajadores, como consecuencia de las resoluciones de los concursos de traslados y de las comisiones de servicio.
Entre otros asuntos abordados, también se analizo la dotación de plazas judiciales. Al respecto, el director xeral ha lamentado que el Ministerio de Justicia asignase «únicamente» 19 plazas de jueves y siete de fiscales en Galicia, dentro del marco de las 700 plazas creadas en toda España.
Asimismo, ha reclamado que, de cara a la próxima creación, en 2027, de las secciones de violencia sobre la mujer, «se dé traslado previamente para presentar alegaciones sobre los partidos judiciales que deban corresponder», a diferencia «de lo sucedido este año con la puesta en funcionamiento de las secciones de Ourense y Santiago».
Finalmente, en cuanto a la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados a la digitalización de la justicia, Tronchoni ha indicado que en Galicia supera el 96 %, con actuaciones centradas en la dotación de infraestructuras y de medios, como equipamiento informático y multimedia, así como en ciberseguridad.
De esta forma, de los más de 14,1 millones de euros transferidos a la comunidad, en el primer trimestre del año ya se habían ejecutado cerca de 13,6 millones de euros.

