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El Ayuntamiento de Lugo vigilará las zonas conflictivas con cámaras e iniciará la modificación del carril bici

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El Ayuntamiento de Lugo ha dado el paso para poner en marcha dos controvertidas actuaciones que estaban en su plan de Gobierno consideradas como «estratégicas» y que generaron un intenso debate en años anteriores: la instalación de cámaras de videovigilancia en el entorno de los locales conflictivos del barrio de A Milagrosa y el inicio del expediente para modificar el trazado del carril bici.

La alcaldesa, Elena Candia, ha presentado ambas iniciativas como parte del compromiso adquirido por el Gobierno local de revisar infraestructuras y «adoptar medidas que permitan mejorar la convivencia, incrementar la seguridad y dotar a la Policía Local de más herramientas para desarrollar su trabajo con mayores garantías».

En materia de seguridad ciudadana, el Ayuntamiento iniciará los trámites para solicitar la autorización necesaria que permita instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de los establecimientos conflictivos de A Milagrosa. Según asegura la alcaldesa, la medida cuenta con el respaldo de los informes emitidos por la Policía Local, la Policía Nacional y la Asesoría Jurídica municipal, que avalan la necesidad de incorporar este sistema «como herramienta preventiva y de apoyo a la investigación policial».

Los informes técnicos incorporados al expediente constatan un incremento de la actividad delictiva en una zona concreta de la ciudad y consideran que la instalación de cámaras contribuirá tanto a prevenir conductas delictivas como a facilitar el esclarecimiento de los hechos que puedan producirse.

Candia recuerda que esta actuación se encuentra regulada por la Ley Orgánica 4/1997, que autoriza el uso de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos «para garantizar la convivencia, proteger los espacios públicos y prevenir delitos e infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana». Aclara también que al tratarse de un sistema de videovigilancia policial y no de vigilancia patrimonial, su instalación requiere la autorización de la Delegación del Gobierno, por lo que el Ayuntamiento remitirá la correspondiente solicitud a la Subdelegación del Gobierno, competente para resolver este procedimiento.

ELIMINACIÓN DEL CARRIL BICI

Paralelamente, el Ejecutivo municipal ha iniciado la tramitación para modificar el trazado del carril bici, una infraestructura que, según ha recordado la alcaldesa, ha generado numerosas críticas vecinales desde su ejecución por los problemas de movilidad, accesibilidad y seguridad detectados en distintos barrios de la ciudad.

Durante su comparecencia, Candia ha dado a conocer un informe elaborado por la Policía Local en el que se identifican trece puntos del recorrido con deficiencias de seguridad. Sobre la base de este documento, el Ayuntamiento ha decidido que la primera fase de la actuación se centre en corregir aquellas zonas donde los técnicos consideran que existe un mayor riesgo para peatones, ciclistas y conductores.

La alcaldesa ha explicado que cualquier modificación del carril bici debe ajustarse a la normativa que regula los fondos europeos con los que fue financiada la obra. En concreto, recordó que el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 establece que durante los cinco años posteriores a la finalización del proyecto no pueden introducirse cambios sustanciales que alteren su naturaleza o sus objetivos, ya que ello podría obligar al reintegro de las ayudas recibidas.

Por este motivo, el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de un expediente técnico y jurídico que permita modificar el trazado sin incumplir la normativa europea, acreditando que el objetivo principal del proyecto -fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible- seguirá plenamente garantizado.

Candia ha señalado que la decisión responde tanto al rechazo social que ha generado la infraestructura como a los problemas de seguridad detectados por los servicios técnicos. «Si ya teníamos claro que era una infraestructura que había suscitado un importante rechazo vecinal, ahora contamos además con un informe técnico que identifica distintos problemas de seguridad. Por eso hemos decidido que la primera fase de la modificación del trazado comience precisamente por los puntos donde los técnicos detectan mayores riesgos», ha afirmado.

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