La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, cuando murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas, reclaman «verdad, justicia y responsabilidades» trece años después. Además, exigen «una petición pública de perdón institucional» por el trato durante estos 13 años.

«Adamuz ni es un hecho aislado, ni una desgracia imprevisible: es simplemente la consecuencia directa de un Estado que, tras la tragedia evitable de Angrois, decidió mirar hacia otro lado, sellando el conocido pacto de la curva entre PSOE y PP», advierte la asociación en un comunicado de prensa con motivo del aniversario.

Trece años después del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, las víctimas señalan que esta fecha llega marcada por «la indignación» ante los últimos fallos judiciales –fue absuelto el ex alto cargo de Adif responsable de la seguridad– y por «la dolorosa constatación de que las tragedias se repiten cuando un Estado decide mirar hacia otro lado».

«La reciente y dolorosa tragedia de Adamuz, que se cobró 46 vidas y cientos de heridos, confirma lo que llevamos años denunciando: si no se investiga de forma independiente, no se depuran responsabilidades y se incumplen las normativas de seguridad, las tragedias (que no accidentes) se repiten», subraya la plataforma.

En este sentido, critica que «los sucesivos gobiernos de PSOE y PP prefirieron sellar el denominado pacto de la curva» y «en lugar de aprender, el Estado puso en marcha toda su maquinaria (Abogacía del Estado, Fiscalía, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Xunta imponiendo peritos y el Consejo General del Poder Judicial) para eximirse de su responsabilidad y culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista».

Censuran las víctimas que en la línea Ourense-Santiago «se ignoraron avisos explícitos de peligro, se rebajó la seguridad modificando el proyecto original, no se instaló la señalización ni la baliza necesaria, no se hizo la evaluación de riesgos preceptiva y jamás se realizó una investigación independiente como ha exigido Europa reiteradamente».

Frente a lo que denominan «blindaje del Estado», reivindican haber «luchado durante años en Europa para lograr que la verdad salga a la luz».

Pese a ello, lamentan «la impunidad judicial», con la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña, que absolvió al exalto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, «quien desconectó el sistema de seguridad que hubiera evitado la tragedia y certificó la línea como segura, sin realizar el análisis de riesgos obligatorio».

«Con esta absolución se afianza una idea demoledora: las decisiones técnicas y políticas que causaron la tragedia no tienen consecuencias penales, ni políticas», denuncia el comunicado.

Para los afectados, «genera estupor que la presidenta y ponente de la Audiencia elegida por el CGPJ, Ana Belén Sánchez González, en la sentencia dé por válida la investigación de la CIAF, cuyo equipo investigador, tal y como consta en el propio informe, estaba formado por el director de seguridad de Adif y de Renfe».

La plataforma ha recurrido la absolución ante el Tribunal Constitucional, apoyados en el voto particular de la propia resolución y en la sentencia del Juzgado de lo Penal de Santiago.

«CULPAR O APRENDER»

A modo de conclusión, incide en que «se pudo elegir entre culpar o aprender, pero se optó por la vía fácil: eligieron culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión».

«La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias», resalta, antes de recomendar fijarse en países como Japón, donde «la seguridad es la prioridad». «Aquí, la prioridad son las prisas, el rédito político y proteger la imagen institucional», contrapone.

Las víctimas reiteran que «ha vuelto a suceder una tragedia ferroviaria en Adamuz y seguirá ocurriendo si no cambian las cosas», por lo que exigen «una investigación independiente, llevada a cabo por la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, tal y como exige Europa; una petición pública de perdón institucional por parte del Estado por el trato dado a las víctimas durante todos estos años, por las mentiras vertidas, por los intentos de ocultación y por las trabas puestas y que la seguridad de los viajeros sea la prioridad absoluta».

«Trece años después, seguimos esperando verdad, justicia y asunción de responsabilidades. Y no dejaremos de luchar hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses de cualquier gobierno o institución», finalizan.