El pleno de la Diputación de Ourense ha aprobado, con la abstención de PSdeG, la moción popular que incluye, entre otras cosas, instar a Adif a realizar de forma «urgente y periódica» la limpieza, desbroce y eliminación de biomasa en los márgenes ferroviarios de la provincia para evitar incendios.

La moción –que ha contado con el voto favorable de PP, BNG, Democracia Ourensana (DO) y el diputado no adscrito y exsocialista, Xosé Carlos Valcárcel– apunta a «diferentes episodios que evidencian la necesidad de reforzar el mantenimiento preventivo» de dichos márgenes. «Los entornos ferroviarios son espacios especialmente sensibles y la presencia de vegetación seca, arbolado sin control, restos orgánicos o biomasa acumulada puede contribuir a incrementar el riesgo o agravar sus consecuencias», han lamentado.

En esta línea, populares han recordado el incendio que en 2015 calcinó cerca de 180 hectáreas en el municipio ourensano de Boborás y que «derivó en una condena de la Audiencia Nacional a Adif y Renfe por su responsabilidad en el fuego».

Asimismo, han destacado también el incendio que se produjo durante este mes de junio en el municipio de San Cibrao das Viñas, como consecuencia de la caída de un árbol en las inmediaciones de la infraestructura del tren.

ARGUMENTOS

Por un lado, el no adscrito Xosé Carlos Valcárcel ha lamentado que los incendios sean «motivo de confrontación política», mientras vecinos «demandan acuerdos» y a recalcado que todas las administraciones «tienen que poner de su parte», apuntando a que «el foco tiene que estar en la prevención».

«Lo realmente importante es reducir las posibilidades de que puedan producirse. No se trata de buscar responsables de incendios, sino de eliminar factores de riesgo perfectamente evitables, y el ferrocarril se está demostrando que es un factor de riesgo importante. Hablamos de buena gestión, de prevención y de responsabilidad pública», ha subrayado Valcárcel.

Asimismo, también el diputado de Democracia Ourensana Antonio Fernández ha resaltado que «una limpieza a tiempo puede marcar la diferencia y evitar problemas más graves» incidiendo, así, en que Adif «debe asumir esa responsabilidad».

«Cualquier medida que ayude a reducir riesgos merece nuestro apoyo, el mantenimiento de infraestructuras no debe dejarse para cuando ya haya ocurrido una desgracia», ha añadido.

Asimismo, el diputado nacionalista Xosé Puga ha apuntado a la Xunta por ser esta la administración que «tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley», más allá del «debate político» con respecto a la «responsabilidad» de Adif.

«La Xunta puede exigir la limpieza de esas zonas de uso y dominio publico que cada año están provocando incendios», ha sentenciado Puga, insistiendo, con todo, en que dichos conatos suponen una situación «muy grave» que «claro que corresponde» a Adif.

Por su parte, el portavoz socialista provincial, Álvaro Vila, ha afeado que el Ejecutivo gallego tenga «el 70% de las actividades» de prevención «sin realizar», recalcando que la pregunta es si la Xunta «hizo su trabajo a día de hoy» en los ayuntamientos de la provincia.

«No vemos el envoltorio que se hace en esta moción», ha añadido, criticando que PP «ponga el foco en el origen de los incendios» y señalando que, durante la mesa provincial de incendios, se hizo referencia a que «todas» las medidas adoptadas por la administración autonómica y la provincial apuntaban a «reforzar medios de extinción» y «no de prevención» que es «donde se debería poner el mayor foco, sobre todo en invierno».

Así, el presidente provincial y líder popular en la provincia, Luis Menor, ha incidido en que «no se puede decir que no se haya hecho nada», recordando las 22 nuevas brigadas para prevención «con la correspondiente maquinaria» y destacando que la Diputación «ha estado suscribiendo convenios con la Xunta».

«¿Qué hacen las otras diputaciones?», ha preguntado Menor, apuntando especialmente a la Diputación de Lugo –gobernada por PSdeG y BNG en coalición– y recalcando que la Xunta «ha invertido mucho» en la provincia de Ourense.

OTROS ASUNTOS

Asimismo, las mociones de BNG y PSdeG, ambas basadas en la existencia de propiedades rústicas y urbanas en estado de abandono en la provincia y en la importancia de aplicar medidas administrativas, han quedado aprobadas por puntos.

Por un lado, la iniciativa nacionalista ha apuntado a la vaga de incendios del pasado año 2025 en Ourense, que «puso de manifiesto las debilidades del actual modelo de política forestal y de prevención», incidiendo en que los fuegos «evidenciaron las consecuencias acumuladas de décadas de abandono territorial» y destacando, además, la labor de ganadería y agricultura en la limpieza y cuidado de los montes.

En esta línea, han puesto el foco, además, en las zonas de interfaz urbana en las que «la presencia de parcelas e inmuebles abandonados», así como el «incumplimiento de las obligaciones» de conservación y limpieza «incrementan notablemente el riesgo para las personas y sus bienes», lamentando también la falta de «mecanismos que permitan la intervención pública» en propiedades privadas «de forma ágil y que evite la eternización del proceso administrativo».

Por otro lado, la iniciativa socialista ha destacado la necesidad de impulsar un plan de apoyo a los ayuntamientos en la gestión de edificaciones en estado de ruina o riesgo de derrumbe, recalcando que «una parte significativa» de los inmuebles de la provincia «permanece abandonada desde hace décadas».

En este sentido, socialistas han destacado que «con frecuencia» se trata de inmuebles propiedad de personas fallecidas, herencias sin formalizar, comunidades hereditarias sin representación efectiva o titulares «desconocidos o ilocalizables». «El inevitable deterioro derivado del paso del tiempo incrementa exponencialmente el risco de desprendimientos y derrumbes, generando situaciones de peligro para las personas, para las edificaciones linderas y para los espacios públicos», han añadido.

El pleno también ha aprobado con el voto favorable de PSdeG, BNG, DO y no adscrito y con la abstención de PP la moción de Democracia Ourensana encaminada a reclamar más ambulancias medicalizadas en la provincia, exigiendo, en concreto, poner «como mínimo» una segunda ambulancia medicalizada fija en zonas como Verín o Valdeorras.

Entre otras cosas, la iniciativa pide instar a la Xunta y al Sergas a «cambiar criterios» para el reparto de dichos dispositivos, incidiendo en que «no se puede mirar solo cuánta gente vive en un sitio, sino cuánto se tarda en llegar por carretera para salvar una vida».