La Xunta ha notificado, hasta fecha de 30 de junio, un total de 27.768 diligencias de notificaciones correspondientes a inspecciones realizadas en 2025.

Así se recoge en un informe de la Consellería do Medio Rural que ha analizado el Consello de la Xunta de este lunes. Los titulares de las fincas localizadas en franjas prioritarias tuvieron hasta el 31 de mayo para llevar a cabo la limpieza de sus terrenos. Así, es a partir de esta fecha cuando Seaga puede colaborar en la inspección y posterior ejecución subsidiaria, siempre que los ayuntamientos lo soliciten en el acuerdo con Seaga.

Los trabajos que realiza la empresa pública Seaga de desbroce antincendios se aceleraron en el último mes, con un aumento del 40%, según destaca la Xunta. Los trabajos alcanzan 3.630 parcelas en 89 parroquias priorizadas.

Además, se actuó en más de 413 kilómetros de vías municipales. Estos trabajos, que se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Consellería do Medio Rural y Seaga, permite contratar a la empresa pública para llevar a cabo estas actuaciones a un precio de 420 euros por hectárea.

Un total de 300 municipios se han adherido a este convenio, de los cuales 275 tienen el plan municipal de prevención aprobado, el 92% del total. Son 13 los ayuntamientos que no manifestaron su interés: Narón, Oleiros, Sada, Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira, Muras, Ramirás, Viana do Bolo, Illa de Arousa, Vigo y Vila de Cruces.

ACUERDO DE PREVENCIÓN CON CSIC

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha elevado al Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Misión Biológica de Galicia, y el Ejecutivo autonómico para la realización conjunta de actuaciones en materia de prevención de incendios forestales durante el período 2026-2029.

Busca mejorar la ejecución y el seguimiento de las quemas prescritas y reforzar la evaluación del riesgo hidrológico-erosivo posterior a los fuegos.

El convenio recoge actuaciones divididas en tres bloques: los trabajos en las zonas vulnerables a la erosión después de un incendio, las labores de prevención a través del uso de las quemas prescritas y la formación del personal.

El Gobierno autonómico contribuirá al convenio con una inversión de 170.000 euros procedentes de fondos propios, con lo que se financiarán los gastos asociados a la realización de las actividades.

Por su parte, el CSIC aportará al proyecto los medios personales, materiales y laboratorios propios necesarios, con una valoración económica estimada de cerca de 159.000 euros