La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de que el primer borrador del Plan Estratégico para el sector lácteo dibuja un «modelo uberizado», con granjas sin ganaderos gestionadas a distancia por fondos de inversión y multinacionales, ante lo que ha presentado un documento con diez propuestas para frenar la expulsión de productores tras registrarse el cierre de 530 granjas en el último año –más de 300 de ellas en Galicia–.

«Tenemos que evitar que la próxima vaca gallega o cántabra tenga sus dueños en la planta 58 de cualquier rascacielos de Nueva York. Nos jugamos nuestra soberanía alimentaria y el futuro de nuestros pueblos», ha advertido al respecto la responsable del sector lácteo de la Comisión Ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba.

La organización agraria ha detallado que, según los datos de entregas de leche cruda del FEGA, en mayo de 2026 España contaba con 8.578 productores activos frente a los 9.104 de un año antes, lo que supone un descenso del 5,8% y la desaparición media de 1,5 granjas al día.

Esta caída de explotaciones ha afectado especialmente a Galicia, que ha perdido 301 granjas en los últimos doce meses, registrándose también descensos significativos en otras regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Andalucía a pesar de que la producción nacional de leche sigue creciendo.

Desde COAG han señalado que las ganaderías ya no pueden absorber un sobrecoste de unos seis céntimos por litro debido al encarecimiento del 30% de la energía y la alimentación animal, mientras que el precio pagado en origen «no acompaña» y se acelera un proceso de subcontratación de mano de obra dentro de macroestructuras productivas controladas por capital financiero, fondos buitre y multinacionales de la alimentación, con la sede de decisión «cada vez más lejos del establo y del territorio».

«No se trata de si España va a seguir produciendo leche. Se trata de quién la va a producir y en qué condiciones: si serán ganaderos y ganaderas con capacidad real de decidir sobre su vida y su trabajo, o si serán simples piezas operativas de estructuras dirigidas desde fuera», ha remarcado Vilalba.

Para revertir la situación, la organización ha remitido a la interprofesional láctea (Inlac) un decálogo para corregir el borrador encargado a la Universidad de Santiago de Compostela, exigiendo rentas dignas y precios que cubran costes reales de producción, un blindaje normativo frente a «ofertas de mala fe» y un etiquetado de origen europeo dentro de una estrategia de «cadena completa».

Asimismo, las propuestas plantean una reducción de la burocracia «que no aporta seguridad alimentaria», servicios de sustitución colectivos y públicos para facilitar las bajas y vacaciones de los profesionales, la reducción de la dependencia de insumos externos y de petróleo mediante el autoabastecimiento energético o la electrificación y un cuestionamiento del modelo que obliga a las granjas familiares a crecer o endeudarse para sobrevivir.