La Federación SOS Racismo ha publicado su informe anual sobre denuncias de racismo recopiladas en España durante 2025, en donde se recogen diferentes casos en Galicia, tales como trabas en el Registro Civil de Vigo para la inscripción de menores, explotación laboral a migrantes en Begonte (Lugo) o «denuncias de varios jóvenes que sufrieron agresiones sexuales por parte de un gestor de un piso de acogida de la Xunta de Galicia», entre otros.
Así figura en el informe que publica este martes, en el cual se denuncia que hubo «requisitos extralegales para la inscripción de menores», una situación documentada en el Registro Civil de Vigo, lo que «ilustra cómo el sistema genera barreras de facto que impactan directamente en la infancia».
Sobre este extremo, apunta que «la barrera se articuló mediante la exigencia arbitraria del NIE a progenitores para la inscripción de menores por valor de simple presunción». Varias personas usuarias informaron de que no se les permitía iniciar el trámite, a pesar de aportar toda la documentación legal requerida, al exigirles un requisito no contemplado en la normativa: que los progenitores dispusieran de permiso de residencia (NIE). «La gravedad de la situación escaló cuando el personal de dicho Registro Civil comenzó a contactar telefónicamente con las personas solicitantes para verificar si disponían de NIE, procediendo a cancelar las citas previamente concedidas en caso negativo. Esta práctica resulta especialmente punitiva teniendo en cuenta que los plazos de espera para obtener una nueva cita pueden alcanzar entre cinco y seis meses en la provincia», advierte.
Finalmente, se interpusieron recursos de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública con lo que se consiguió la resolución expresa de que la exigencia del NIE carecía de base legal y constituía una clara mala praxis administrativa. «A partir de la obtención de esta primera resolución favorable, y pese a las reticencias iniciales del personal del Registro Civil de Vigo, se logró reanudar la tramitación normal de estos expedientes», explica SOS Racismo.
ABUSOS LABORALES Y SEXUALES
Otra denuncia a la que se refiere es a la explotación de migrantes en una plantación de arándanos en Begonte (Lugo), un caso que trascendió mediáticamente el año pasado, en el que se constató que muchas de estas personas se encontraban en situación administrativa irregular. Posteriormente, la Guardia Civil se desplazó a la plantación, donde se identificó a aproximadamente 150 trabajadores, algunos con pasaporte y otros únicamente mediante filiación verbal.
A raíz de estos hechos, se inició un «procedimiento judicial por un presunto delito contra los derechos de las personas trabajadoras», en el que se identificaron varias empresas implicadas y una ETT actualmente desaparecida. «Esta fragmentación empresarial se asocia a modelos productivos que, históricamente, han mostrado una dependencia de mano de obra migrante en condiciones de escasa protección, guardando paralelismos con contextos como los de El Ejido o Torre Pacheco, donde el sistema productivo ha dependido de una mano de obra migrante a la que se le exige máxima rentabilidad a cambio de una mínima protección», afirma.
SOS Racismo Galicia recoge también lo sucedido en un centro de protección internacional, en donde una entidad gestora de centros de protección internacional en todo el Estado habilitó un centro en un hotel alquilado en Mondariz-Balneario (Pontevedra), donde acogía principalmente a personas de origen maliense. En este contexto, se detectaron dos situaciones irregulares. Por un lado, «dos hombres de origen latinoamericano en situación administrativa irregular fueron incorporados como supuestos voluntarios, firmando acuerdos de voluntariado, sin embargo, en la práctica realizaban funciones propias de trabajadores (atención, gestión y mantenimiento del centro) durante aproximadamente cinco meses, recibiendo una compensación de 50 euros semanales». Aunque la Inspección de Trabajo constató la existencia de una «relación laboral encubierta», el sistema impidió que los afectados regularizaran su situación al no alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido.
Este caso en Mondariz-Balenario «podría describir la ‘trampa de la irregularidad’: el sistema exige un tiempo de cotización para acceder a la residencia, pero la propia naturaleza de la explotación impide alcanzar dicho umbral, condenando a las personas racializadas a un círculo vicioso donde la ley termina por invisibilizar a la persona denunciante».
Finalmente, en un apartado de agresiones, la Fundación SOS Racismo señala agresiones sexuales por parte de un gestor de un piso de acogida de la Xunta de Galicia.
