La CIG ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el sistema de control de bajas médicas de la Xunta, ya que denuncia que se busca dar el «control» a las mutuas en una campaña de «criminalización» de los trabajadores.

En concreto, la CIG presenta recurso contra la resolución del 20 de mayo de 2026, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la instrucción de 1 de abril de 2019 que establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal (IT) por el personal inspector médico y subinspector sanitario (controlador de la gestión de la incapacidad temporal) de las unidades de Inspección e Control de Saúde Laboral de la Consellería.

En un comunicado, el sindicato nacionalista cuestiona la legalidad de lo que identifica con una «ofensiva» del Gobierno gallego de la mano de la patronal contra los trabajadores. Advierte de que se quiere «disfrazar de una supuesta agilización» lo que «es blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública».

«Se pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria», censura.

Apunta que esta nueva resolución de la Consellería modifica el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal y habilita a Inspección de Servicios Sanitarios a permitir, con una única autorización, todas las pruebas y procedimientos relacionados con el proceso de IT que soliciten las entidades privadas. «Cuando en la redacción anterior la autorización era prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos hubieran sido solicitadas previamente por las personas profesionales de la sanidad pública», agrega. Así, indica que se habilita a mutuas a solicitar una única autorización las pruebas y tratamientos.

«En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no hacen más que crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada», recrimina el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.

Ante esto, la CIG demanda paralizar la financiación de cualquier actuación solicitada por las mutuas, así como impedir su acceso a historiales clínicos, además de un refuerzo «real» de la sanidad pública.