El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, originario de Chantada (Lugo), y otras 14 personas, entre los que destacan exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de presuntos encargos ilegales que habrían sido realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En el auto de apertura de juicio oral recogido por Europa Press, correspondiente a la pieza 9 de la macrocausa ‘Tándem’, que investiga los negocios privados de Villarejo, el magistrado envía a juicio al BBVA por supuestos delitos de cohecho y otros presuntos 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso de González, el instructor le sienta en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

El magistrado atribuye a Villarejo otros 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho activo y pasivo propio, integración en organización criminal y falsedad de documento mercantil.

1,17 MILLONES DE EUROS PARA ASEGURAR RESPONSABILIDADES CIVILES

Piña fija una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles de los acusados con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días.

A partir de ahora, los abogados de los acusados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

La Fiscalía solicita 173 años de cárcel para Francisco González y otros 174 años para Villarejo, mientras que reclama una multa de 181 millones de euros para el BBVA.

La Audiencia Nacional confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente González y de una serie de exdirectivos de la entidad por esos presuntos hechos.

LOS «MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN» DE VILLAREJO

En relación con Francisco González, la Sala Tercera de la AN, en línea con el instructor, señaló que alguno de los contratos con CENYT –el grupo empresarial de Villarejo–, fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, «que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores».

Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de revelación de descubrimiento y revelación de secretos.

En un auto de 268 páginas, el instructor relató que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano, a quien Piña también envía a juicio, en septiembre de 2002.

Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, relató el escrito.

LA EMPRESA DE VILLAREJO, UN RECURSO «ILEGAL» Y «ANÓMALO»

El juez explicó que Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías.

«Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizando la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», señaló.

Y agregó que «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizando un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».

BBVA: NO SE DERIVA RESPONSABILIDAD PENAL

A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.

Tras la apertura del juicio oral, fuentes del BBVA han trasladado a Europa Press que la entidad «siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal» para el banco.