La Plataforma por un Monte Galego con Futuro, integrado por 70 colectivos, ha exigido un «cambio radical» en las políticas ambientales, agroganaderas y forestales de la Xunta para evitar que los incendios «se conviertan en una cadena perpetua».

Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa en Santiago, en la que ha denunciado el «fracaso» del actual modelo, «excesivamente centrado en la extinción», y ha reclamado una «apuesta decidida» por la prevención, la restauración de las zonas quemadas, un monte multifuncional y un medio rural vivo.

«Tenemos que denunciar, sin querer ser catastrofistas, que viviremos en una emergencia civil permanente si las olas de calor siguen llegando», han señalado. A continuación, han aludido a las cifras facilitadas por la Xunta, según las cuales, en lo que va de verano, «ya ardieron 800 hectáreas».

La Plataforma también ha calificado de «nefasta, negligente e improvisada» la planificación de la campaña de alto riesgo de incendios y, «al tiempo perdido en el invierno para trabajos de prevención», se le suma el «retraso en las tareas de prevención y limpieza de las franjas secundarias y la negativa de la Xunta a profesionalizar y a tener un único servicio público de extinción de incendios».

En 2026, han continuado los representantes de la Plataforma, «no incorporaron ninguna plaza nueva» al personal propio del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) y «las únicas novedades» son más dotación de personal «a través de contrataciones externas, vía Seaga, de 42 brigadas t de 190 brigadas municipales».

Por todo ello, han exigido la creación de un único servicio público de bomberos forestales, de gestión directa y dependiente de la Xunta; la puesta en marcha de un plan de actuación y restauración inmediata en las zonas quemadas para evitar la erosión del suelo; la suspensión de la temporada de caza y pesca en los tecores limítrofes por un período que permita la regeneración de las zonas afectadas por el fuego; un «impulso decidido» a las políticas estructurales; y, entre otras medidas, una «moratoria indefinida» para la plantación de eucaliptos y otras especies pirófilas, así como su eliminación paulatina.