La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha lamentado el rechazo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a someter a votación, en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica celebrada este miércoles, la propuesta presentada por Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas para pedir la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y promover, con carácter previo, una modificación legislativa desde el consenso.

Tal y como ha trasladado el departamento autonómico en una nota de prensa, el argumento utilizado por los representantes ministeriales ha sido que «no se puede votar un proyecto en el seno de este organismo».

Sin embargo, ha apuntado el Gobierno gallego, lo se reclamaba era que hubiese un pronunciamiento de los miembros de la Conferencia Sectorial ante la propuesta de resolución presentada, en la que solicitaban, además, que la futura reforma de la Ley de costas y la posterior adaptación de su reglamento se abordase desde «el máximo respecto a las competencias autonómicas» en relación a las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

En este sentido, ha recordado que esta reunión fue convocada por el Gobierno central en respuesta a una petición realizada durante la Conferencia Sectorial del pasado 22 de junio por parte de Galicia, que contó con el apoyo de la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Baleares.

El objetivo de las nueve comunidades era poder abordar con el Ministerio, de forma monográfica y con carácter urgente, el proyecto de Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento de Costas, cuya tramitación anunció a comienzos de este año «de forma unilateral y sin abrir ningún tipo de consultas con las comunidades».

En este sentido, ha destacado que «por primera vez» los conselleiros del ramo han tenido la oportunidad de debatir y opinar ante representantes del Ministerio sobre su intención de introducir cambios sustanciales relativos a la ordenación del litoral y a la regulación de los procedimientos asociados, materias en las que las comunidades costeras, ha apuntado, «tienen competencias exclusivas».

Sin embargo, «ante la falta de avances, concreciones o compromisos de ningún tipo» por parte del Ministerio durante la Conferencia Sectorial de este miércoles, «a la que ni siquiera ha asistido la ministra», desde la Xunta se interpreta esta reunión como una «nueva afrenta y desprecio» a las comunidades costeras por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«ATROPELLO DE COMPETENCIAS»

Durante su turno de palabra la secretaria xeral Técnica de la Consellería, Carmen Bouso, que ha intervenido en nombre de la conselleira, ha insistido en que la reforma reglamentaria, tal y como está propuesta, es un «atropello a las competencias» autonómicas reconocidas en el Estatuto y ratificadas por el Constitucional en la sentencia con la que avaló la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

En esta línea, ha advertido de que, con las modificaciones introducidas, el Estado «va más allá de lo que le corresponde», justificando estos cambios en el expediente de infracción iniciado contra España por la Comisión Europea «por no trasponer correctamente la nueva Directiva de servicios en el litoral».

«SIN GARANTÍAS»

Por otro lado, la Xunta ha subrayado que varios representantes de las comunidades han lamentado que el Ejecutivo central «utilice como excusa el procedimiento abierto por las autoridades comunitarias para impulsar de forma unilateral y sin diálogo previo una modificación que regula procedimientos de otorgamiento de concesiones atribuidos en exclusiva a los gobiernos autonómicos y sin prever, además, los fondos necesarios para atender las previsibles indemnizaciones que exigirán los titulares afectados por la reforma, lo que generará inseguridad jurídica».

Por ello, han reclamado que todos los aspectos expuestos en esta reunión en contra de la reforma del Reglamento General de Costas, así como el resto de alegatos presentados por las comunidades en el trámite de información pública, sean incorporados al proyecto definitivo y se trasladen a la Comisión Europea.