La plataforma Queremos Galego ha anunciado este jueves que presentará en septiembre una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de «blindar» el gallego y «revertir la emergencia lingüística», una iniciativa que nace del Protocolo Lingua Vital.

El portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, ha avanzado que los principales objetivos de esta ILP serán «revertir las normas contra el gallego, blindar los acuerdos a favor del gallego y garantizar los derechos lingüísticos».

«Existe una distorsión entre lo que dicen los planes y la realidad legal de nuestra lengua», ha lamentado Maceira, quien ha acusado al presidente gallego, Alfonso Rueda, de ser «incapaz de cumplir los plazos que él mismo marcó».

«Primero anunciaron que iban a tener un plan para noviembre del año 2025, a continuación atrasaron esto a diciembre del 2025, a continuación atrasaron la presentación de este plan para junio de 2026… Estamos ya en el mes de julio sin ningún tipo de dato o ningún tipo de cuestión elaborada o documento elaborado. Si algo se está demostrado en este momento es que el presidente de la Xunta no es de fiar», ha aseverado Maceira.

En este contexto, ha detallado que una de las medidas «más urgentes» para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Europa y de la ONU, que incluirá la proposición de ley Lingua Vital, es la derogación del decreto 79/2010.

De modo que se reconozca el gallego como lengua vehicular y de acogida en todos los niveles, asegurando la docencia en todos los cursos y materiales didácticos, ofreciendo formación del profesorado e información a familias y aprovechando la lusofonía.

En lo que respecta a los servicios públicos, ha destacado la necesidad de «blindar» la oferta positiva en la administración, justicia y sanidad; asegurar la presencia del gallego en los programas informáticos e introducir cláusulas lingüísticas en los contratos públicos.

Las entidades sociales del Protocolo Lingua Vital han exigido, asimismo, «el fortalecimiento de los servicios de normalización lingüística y la sistematización de programas específicos para las personas migrantes».

Por otro lado, la ILP también exigirá la «reversión» de la ley de medios públicos, reconociendo el papel del gallego como lengua exclusiva de la CSAG y «enmendando la ley de IA». También pedirá inversión pública en oferta cultural en gallego, cuotas de doblaje, exhibición de films en gallego en las salas y protección de la lengua en actividades deportivas.

«Lo que falta es que el Gobierno gallego se comprometa con aquello que ya debería estar comprometido», ha concluido Maceira, que ha insistido en la «falta de palabra de Rueda, falta de intención» y en su «fobia a la lengua gallega».