La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha descartado la existencia de cualquier irregularidad en obras bajo sospecha del ‘caso Koldo’, asegurando que es imposible que fueran amañadas, puesto que en cada una de las adjudicaciones participaban entre 25 y 50 técnicos y fueron analizados más de 100 informes de organismos tanto del administrador como de entidades independientes para dar luz verde a los mismos.

Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’, ha presentado cinco informes al instructor de la causa, Ismael Moreno, en los que especifica las matrices técnicas de los contratos bajo sospecha de Adif.

Todo ello en el marco de la investigación que dirige Moreno sobre presuntos amaños en contratos públicos en la que también están imputados, entre otros, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y varios empresarios.

«El análisis de la documentación del expediente permite concluir que las actuaciones examinadas estuvieron documentadas y sujetas a controles internos, colegiados, técnicos, jurídicos y de inspección, lo que permite descartar de plano cualquier tipo de irregularidad», sostiene Pardo de Vera en los informes.

La expresidenta de Adif, que ha realizado ella misma los informes en calidad de perito ingeniera, señala que fue ella misma la que implantó un sistema de transparencia y trazabilidad de los contratos de Adif y que elabora estas periciales como especialista en contratación de obra ferroviaria, según han indicado a Europa Press fuentes de su entorno.

En ese sentido, las fuentes aseguran que en cada una de las adjudicaciones intervinieron entre 25 y 50 funcionarios de distintos departamentos y fueron analizados más de cien informes independientes de organismos de Adif e instituciones externas, de ámbitos que van desde la ingeniería a la vertiente jurídica, administrativa y económica.

TRAZABILIDAD INCOMPATIBLE CON CORRUPCIÓN

Es por ello que, en opinión de Pardo de Vera, hay una gran cantidad de elementos de supervisión, transparencia y trazabilidad que es incompatible con cualquier acusación de corrupción.

Así, la expresidenta de Adif concluye que todos los pasos y actuaciones que se llevaron a cabo estuvieron debidamente justificadas y documentadas y sujetas a numerosos controles internos y externos, lo que, en su opinión, permite descartar cualquier irregularidad.

Bajo su punto de vista, la intervención de un número amplio de personal técnico y de órganos confirma que la tramitación de las licitaciones bajo sospecha se llevó a cabo de manera acorde a la legalidad.

Incide, asimismo, en que su intervención en los mismos fue meramente orgánica, y reitera que participaron decenas de funcionarios y organismos para asegurar la integridad de los procedimientos.

En concreto, Pardo de Vera traslada al juez una secuencia ordenada para explicar el proceso de concesión de las adjudicaciones de los contratos de Alta Velocidad a Acciona, Ferrovial, OPR y ASCH en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Almería, Murcia, Asturias y Lugo.

Detalla, asimismo, cuáles fueron los órganos que intervinieron, qué informes se emitieron, qué mesa de contratación actuó, cuáles fueron los controles jurídicos o económicos, los documentos que se firmaron o las competencias que correspondían a cada nivel, además de qué nexos causales concretos pueden atribuirse a determinadas personas.