La Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobará este viernes el convenio para cofinanciar, junto al Ayuntamiento de Vigo, la reforma de la calle Rosalía de Castro, entre Pontevedra y República Argentina, con una inversión provincial de 1,7 millones de euros (el 70% del coste de la obra).

Así lo ha confirmado la vicepresidenta de la institución, Luisa Sánchez, que ha recordado que, ahora, falta el visto bueno del gobierno municipal de Vigo. Por ello, ha instado al alcalde, Abel Caballero, a aprobar este convenio, y que es un texto marco idéntico al remitido al Ayuntamiento de Pontevedra.

Según ha recordado, este texto ha sido modificado con respecto a convenios anteriores, para «reforzar» las cláusulas de publicidad, de acuerdo con la normativa sobre subvenciones y transparencia, y permite que los ciudadanos puedan conocer la contribución de cada administración en esas obras.

Por otra parte, Luisa Sánchez también ha recordado que el Ayuntamiento olívico aún no solicitó la totalidad de los 5 millones de euros reservados en los presupuestos provinciales para inversiones en la ciudad en 2026, y que ella misma propuso destinar fondos para cuatro actuaciones: la reforma del pabellón de Cabral, las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía, la construcción del campo de béisbol en As Plantas y la reforma del auditorio del centro social y cultural de Beade.

RETICENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL

En el caso del convenio para la calle Rosalía de Castro, la Diputación remitió el borrador la semana pasada al Ayuntamiento de Vigo, pero el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, ya adelantó el rechazo de la administración municipal.

Así, el edil socialista acusó a la institución provincial de haber modificado el texto para que el gobierno de Vigo «no lo pueda firmar», ya que es un convenio «totalmente distinto» de los anteriores, que incluye «amenazas», «limitaciones», e «imposiciones», en un «tono hostil impropio de una administración pública».

El principal cambio introducido en el nuevo convenio es la obligación de que haya una firma pública del acuerdo, además de reforzar la obligación de hacer difusión de la participación de la Diputación, administración que aporta la mayor parte de los fondos en las obras, entre otros cambios relativos a la publicidad.