La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, permitió durante el pasado año la reposición de la legalidad en 121 actuaciones en toda la comunidad autónoma, con el objetivo de proteger el medio ambiente y el patrimonio natural y paisajístico de Galicia.
Según el balance de actividad de 2025, el equipo inspector llevó a cabo cerca de 1.000 inspecciones, que derivaron en la apertura de 165 nuevos expedientes por posibles infracciones urbanísticas. En el mismo periodo, la agencia logró resolver 254 expedientes, lo que supone un incremento de cuatro respecto al ejercicio anterior.
La actividad de reposición se concentró mayoritariamente en la provincia de Pontevedra, con 60 actuaciones, seguida de A Coruña (30), Lugo (21) y Ourense (10).
En cuanto a la vertiente sancionadora, se resolvieron 50 expedientes, todos ellos vinculados a infracciones de la normativa de Costas, siete más que en 2024. Asimismo, se impusieron 312 multas coercitivas, según ha desgranado al Xunta en una nota de prensa.
En el ámbito administrativo, durante 2025 se interpusieron 226 recursos y se resolvieron 481. Entre las intervenciones destacadas por la agencia se encuentran actuaciones por construcciones sin finalizar en zonas de servidumbre de protección en Camariñas, viviendas en suelo rústico en Monforte de Lemos y Piñor, así como una edificación plurifamiliar y un muro de contención en suelo rústico en Marín.
