La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha afirmado que «todas las resoluciones» judiciales pueden y deben ser debatidas, pero que, cuando esa crítica se dirige a cuestionar la honestidad profesional del juez, «no resulta admisible».

Así lo ha hecho este viernes durante la clausura de las XIX Jornadas Jurídicas ‘Román García Varela’, que se han celebrado en el municipio lucense de Sarria, bajo el título ‘La justicia que tenemos vs. la justicia que necesitamos’.

«Todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pero hay un salto cualitativo cuando esta crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible», ha remarcado Perelló.

En la Casa da Cultura de Sarria, Perelló ha indicado que la Justicia está «en permanente evolución» con el objetivo de «mejorar» el servicio que presta a los ciudadanos y dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los jueces y tribunales en ejercicio de los derechos e intereses legítimos.

La magistrada ha afirmado que se han producido varios avances, pero que «todavía hay muchos problemas» que «preocupan» al Consejo General del Poder Judicial y que deben ser resueltos.

Para dar solución a dichas cuestiones, el CGPJ trabaja en «la mejora manera de afrontar» algunos de los «retos y disfunciones» que detectaron, entre los que ha hecho referencia a la dación de cuenta telemática y a la acumulación de juicios verbales sin vista en litigios masa.

En este contexto, Perelló ha remarcado que «no se debe olvidar» que el juez es el «artífice y protagonista» de la Justicia, según el diseño constitucional, y quien «garantiza los derechos de los ciudadanos».

«Así que toda la organización de la oficina judicial y los nuevos retos, como la Inteligencia Artificial, no pueden provocar que el juez quede separado o aislado de la atención al ciudadano, de la relación con los abogados y los procuradores y de la propia oficina. Pues no hay que olvidar que no hay tribunales sin jueces», ha recalado.

«AMENAZA AL ESTADO DE DERECHO»

También ha señalado que la justicia que se necesita, de acuerdo con el título de las jornadas, «no depende» exclusivamente de la organización, de las normas o de los medios proporcionados. En este sentido, ha defendido que hay un principio que «debe permanecer inmutable», que es la independencia de jueces y magistrados.

«Los jueces deben ser protegidos de presiones o injerencias externas, o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio», ha subrayado Perelló, al tiempo que mencionado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Perelló ha indicado que, actualmente, estos valores «requieren» de una defensa «serena, firme y constante», porque «lo que está en juego» no es el interés corporativo ni de una prerrogativa de los jueces, sino la «propia sociedad democrática».

Todo intento de injerencia en la independencia judicial, ha añadido Perelló, sea pública o privada, «supone una amenaza para el Estado de Derecho» y «pone en entredicho» los fundamentos jurídicos y políticos de la sociedad.

«Garantizar el respeto es una responsabilidad primordial de todos y de cada uno de nosotros y, en especial, nos corresponde al Consejo General del Poder Judicial, pero también al resto de los poderes públicos», ha matizado.

Todo ello, «no significa» que deban de estar ajenos a la diversidad de opiniones, la discrepancia o la crítica, que, «cuando es constructiva y respetuosa, también puede ayudar a mejorar», y ha apuntado que «todas las resoluciones judiciales» pueden y deben ser objeto de debate y de crítica.

Sin embargo, se produce «un salto cualitativo» cuando esa crítica está dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. «Esto es lo que resulta inadmisible», ha zanjado.

De esta forma, ha defendido que el sistema procesal tiene mecanismos de garantía «suficientes» para corregir las resoluciones que puedan contener errores y que «toda resolución judicial es susceptible de ser revisada con garantías de imparcialidad por jueces distintos a aquellos a los que la han adoptado».

LOS JUECES «OBJETO DE ATAQUES Y CRÍTICAS»

Perelló también ha cargado contra las «graves críticas» que se producen contra las instituciones garantes del Estado de Derecho, cuya legitimidad «se pone en tela de juicio», y por las que los jueces «se convierten en objeto de ataques y críticas».

A su juicio, estas dinámicas olvidan que los jueces independientes e imparciales son quienes «protegen y tutelan» los derechos fundamentales, los constitucionales, los de la Convención Europea de Derechos Humanos, y quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad.

La presidenta del TS y del CGPJ ha reiterado su «absoluto respaldo» a los «grandes profesionales» de la carrera judicial. En especial, ha respaldado a quienes «se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho».

«Nuestros tribunales afrontan sus responsabilidades a menudo no en las mejores condiciones de trabajo, pero siempre con plena disposición a ejercerlas con sosiego, con independencia, imparcialidad, transparencia, prudencia y manteniendo nuestro compromiso con los valores constitucionales y, en todo caso, sirviendo a la sociedad», ha sentenciado.