El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha replicado al PSdeG que el plus a médicos por las bajas es un indicador que «también emplea el Gobierno central».
En la sesión plenaria de este miércoles, el diputado socialista Julio Torrado ha cuestionado al responsable autonómico «por qué alteró la decisión clínica con criterios economicistas», en contra, ha añadido, «de colegios médicos y de organizaciones profesionales».
A este respecto, el conselleiro ha defendido que «nunca se sustituye el criterio del profesional médico» y ha tachado la «polémica» de «artificial».
Según Gómez Caamaño, el objetivo es «mejorar la gestión de las incapacidades» y ha reivindicado que el indicador «ya estaba incorporado en los acuerdos de gestión de 2025». «Estamos mejorando los procesos para evitar demoras que no son clínicas y derivan del propio funcionamiento del sistema», ha aseverado.
A continuación, Torrado ha insistido en que el hecho de que «se bonifique al profesional que no supera la media estándar» significa «introducir un criterio economicista en una variable que tiene que ser clínica».
A ello, el conselleiro de Sanidade ha replicado que el Gobierno gallego «no fomenta que un paciente que no esté en condiciones sea dado de alta», sino que pretende que «las bajas no se prolonguen más allá del tiempo necesario».
En este contexto, ha reprochado a los socialistas que anuncien que van a llevar a Bruselas el plan de control de las incapacidades temporales por un indicador que «también emplea el Gobierno central», ya que, según ha apuntado, se recoge en un convenio de la Seguridad Social con las comunidades los tiempos de duración media de los procesos de incapacidad laboral y los incentivos a médicos de primaria para promover que la duración de las bajas se ajuste a esos periodos.
«CHAPUZA» DE COPAGO FARMACÉUTICO
Por otro lado, el conselleiro ha respondido a una pregunta de la popular Encarnación Amigo sobre la repercusión para Galicia de la aprobación del nuevo real decreto-ley de copago farmacéutico, que Gómez Caamaño ha tachado de «chapuza».
En esta línea, ha lamentado que el real decreto, publicado en mayo, «ya está en vigor», pero las comunidades no «lo pueden aplicar porque para eso el Ministerio tiene que establecer la población a la que corresponde cada tramo».
«Mientras, vamos a hacer encaje de bolillos para ver cómo asumimos una medida que aprueba el Gobierno, pero asumen las comunidades», ha censurado.

