La Xunta ha iniciado, a través del Portal de Transparencia, el proceso de consulta pública previa para renovar la normativa que regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la comunidad y avanzar hacia un modelo común. El objetivo de esta nueva orden es adaptar el marco autonómico a la normativa estatal y profundizar en los mecanismos de coordinación institucional.
Según ha indicado la Xunta en una nota de prensa, la futura regulación establece una estructura para la gestión de las pruebas compuesta por la Comisión Coordinadora y la Comisión Organizadora, órganos colegiados en los que estarán representadas tanto la administración autonómica como las universidades públicas gallegas.
Asimismo, se establecen los tribunales cualificadores y los grupos de trabajo por cada una de las materias objeto de ejercicio. Esta estructura tendrá como finalidad, según explica el Gobierno gallego, reforzar la coordinación institucional y avanzar de forma progresiva hacia un modelo de prueba común.
«Se trata de avanzar en la convergencia progresiva hacia un modelo de prueba común en toda España para favorecer la objetividad, la igualdad de oportunidades y la coherencia de los procedimientos, una necesidad que Galicia lidera después de muchos años de reclamación a nivel estatal dadas las diferencias en las pruebas en función del territorio», se recoge.
La Comisión Coordinadora, adscrita a la Consellería de Educación, asumirá las funciones estratégicas y de organización general. Entre sus cometidos destaca establecer los criterios generales de la prueba; aprobar los grupos de trabajo y los tribunales calificadores; definir los criterios para la elaboración y evaluación de los ejercicios y fijar y publicar las fechas y horarios de las convocatorias.
Este órgano estará integrado por los titulares de la Dirección Xeral de Bacharelato, la Secretaría Xeral de Universidades, la Inspección Educativa y delegados de las tres universidades públicas gallegas.
Por su parte, la Comisión Organizadora se centrará en las tareas ejecutivas y de coordinación directa entre los centros educativos y las universidades. Será la encargada de designar al Tribunal Único, proponer a los miembros de los grupos de trabajo y gestionar los procedimientos de revisión de exámenes y reclamaciones. Asimismo, deberá hacer públicos al inicio de cada curso los modelos de ejercicio y los criterios generales de evaluación.

