La Xunta da «otro salto» al trasladar a la Comisión Europea las alegaciones que presentó contra la modificación del reglamento general de costas, según ha informado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

En rueda de prensa, la titular del departamento ha recordado los argumentos del Gobierno gallego en contra de dicho cambio, por los que alegó «en tiempo y forma», antes del 15 de abril.

Unas alegaciones que, según ha incidido, iban acompañadas por un estudio económico sobre el eventual impacto de la modificación del reglamento, «realizado dentro del seno del grupo de trabajo» que conformó la Xunta.

«Estuvimos presentes en Europa» y «fue la propia Comisión Europea la que nos pidió más datos», ha aseverado Ángeles Vázquez. «No nos fiamos en absoluto de lo que está haciendo Transición Ecológica», ha agregado.

En este sentido, ha criticado que el ministerio «se sigue negando a debatir con las comunidades autónomas», que rechazan ser «meros invitados de piedra» en este proceso.

Vázquez ha avisado de la «gran inseguridad jurídica» en el marco de la «singularidad» de Galicia, con sus 2.500 kilómetros de costa. Ha añadido que el Ejecutivo central «mintió» a la Comisión cuando dijo que «estaba en contacto directo con las comunidades».

Por su parte, ha destacado que el procedimiento de infracción «afecta a leyes –en alusión a la de costas– y no a reglamentos», por lo que «no tiene sentido lo que se está haciendo».

En contra de poner «una tirita en vez de coser la herida», la conselleira ha alertado de la «contradicción» que generará el reglamento cambiado tal y como pretende el Gobierno en relación con la ley, que permite «una cosa» que el segundo «prohíbe».

Al respecto, ha puesto el ejemplo del límite a concesiones que la ley «permite» y la restricción de prórrogas que la norma «reconoce». Asimismo, la modificación que impulsa el ministerio, ha reprobado, «impone procedimientos que en la ley ni siquiera existen».

«Estamos en un estado de derecho. No puede tener cabida este retorcimiento de forma espuria», ha alertado la titular de Medio Ambiente de la Xunta, apelando el «principio de jerarquía normativa» y en contra de la «arbitrariedad». «Las empresas no saben a qué atenerse y las administraciones no tenemos certidumbre», según ha apostillado.

«AUTÉNTICA SINRAZÓN»

Desde su punto de vista, «esta pretendida reforma jurídica lo que va a traer es un aluvión de recursos judiciales que van a acabar en los tribunales y va a ser una auténtica sinrazón».

Frente a este «serio riesgo» de litigiosidad, la conselleira se ha referido a las conserveras «asentadas en Galicia que pidieron la ampliación de su concesión en tiempo y forma» y para las que «el Gobierno central dejó en un cajón 4-5 años» el trámite.

«Lo que viene a insinuar este reglamento es que si hay un litigio somos las comunidades autónomas las que tenemos que pagar y a eso no estamos dispuestos», ha remarcado a renglón seguido la titular de la consellería.

Aludiendo también a astilleros, negocios de hostelería y de la cadena mar-industria, entre otros, ha reiterado que el cambio «invade competencias reconocidas» y que «el impacto es brutal», pues «si ya había poco barullo, ahora se incluye» algo que para la Xunta es «intocable»: la acuicultura, según ha indicado.

A mayores, ha mostrado su oposición a que «este reglamento pretende que los informes estatales vuelvan a ser vinculantes» y no lo ha visto «serio».

En cuanto a «la parte económica», ha recordado el estudio realizado por la confederación de empresarios de Galicia (CEG) con «cifras que –ahora– va a conocer la Comisión».

«Pedimos respeto a las instituciones. El litoral no es solo un espacio físico, también de actividad y lleno de vida», ha concluido la conselleira.

Por último, respecto a los plazos que maneja el Ejecutivo central, ha constatado que «hay una pretensión que se hizo pública a través de los medios: reformar este reglamento y que entrase en vigor antes del verano».