Los grupos municipales de PP y BNG en el Ayuntamiento de Vigo han vuelto a exigir este jueves el cese de la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, tras conocerse que el juzgado que investiga el accidente mortal del Saltamontes ha ordenado proseguir la causa contra ella y contra el dueño de la atracción, a quienes imputa un posible delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

La portavoz del PP, Luisa Sánchez, ha proclamado que «la seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente» y ha instado al alcalde, Abel Caballero, a destituirla de inmediato. «Si esto no ocurre en 24 horas, desde el Partido Popular de Vigo promoveremos un pleno municipal extraordinario», ha advertido.

Según ha remarcado la líder de los ‘populares’ vigueses, concluida la instrucción, el juez «la señala directamente» por no haber ordenado el precinto de la atracción, como persona responsable, y también alude a los indicios de que la omisión de la concejala y su «conducta imprudente» contribuyeron al resultado fatídico del accidente. «Esto es muy grave», ha señalado Luisa Sánchez, que también ha afeado a Patricia Rodríguez que hubiera pretendido utilizar a la comisión de fiestas y a la Policía Local como «chivos expiatorios».

«El alcalde no puede seguir siendo cómplice de esta situación. Cómplice, además, silencioso. Porque nunca quiso hablar de este tema y vetó la comisión de investigación que promovió el PP de Vigo, y a la que luego se adhirió el BNG», ha subrayado la portavoz del PP, que ha añadido que Caballero debe «dar la cara» y «dar explicaciones», y que tiene «una cuenta pendiente» con la familia del fallecido, «con la que nunca tuvo la decencia de reunirse».

«RESPONSABILIDAD» DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA Y ACCIÓN DE GOBIERNO

Por su parte, el BNG ha reclamado también el cese de Patricia Rodríguez, y ha remarcado que su imputación, al margen de la del dueño del Saltamontes, «señala de manera incontestable que la responsabilidad se sitúa también en la dirección política y en la propia acción de gobierno».

Tras recordar que, según el juez, el gobierno local no adoptó las medidas necesarias para ejercer sus competencias en materia de inspección y control, el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas ha censurado que el alcalde «nunca» dio explicaciones, sino que el gobierno local recurrió a una «estrategia de la confusión» en un intento de eludir su responsabilidad apuntando a la comisión de fiestas y a la Policía Local.

La «gravedad» de la situación y la persistencia en no dar explicaciones obligan al alcalde, según el BNG, a «dar la cara» y han pedido que comparezca de forma urgente ante el Pleno «para dar las respuestas que la ciudadanía viguesa merece».

Finalmente, el grupo nacionalista ha vuelto a pedir que se constituya una Comisión Especial de Investigación para depurar responsabilidades y detectar los fallos en los procedimientos, así como para implementar medidas que eviten que este trágico suceso vuelva a repetirse.