La Fiscalía de Ourense acusará al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, de un delito de prevaricación administrativa por no pedir la compatibilidad para compaginar este cargo y sus actividades privadas como propietario de su televisión, Auria TV, pero por el momento, pide desestimar el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, que solicitaba juzgar al regidor también por malversación y falsedad documental.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Europa Press que el fiscal del asunto no ha presentado aún el escrito de calificación porque está pendiente de la resolución del recurso de reforma que presentó la acusación particular, puesto que en caso de ser aceptada finalmente la solicitud de que Jácome fuese juzgado por malversación, cambiaría el procedimiento a jurado.
El regidor de Ourense ha aprovechado esta circunstancia para lanzar a través de sus redes sociales el mensaje de que «el Ministerio Fiscal no formula acusación por prevaricación contra el alcalde de Orense» –como se refiere él al topónimo de la ciudad–.
En cualquier caso, a la espera de este procedimiento, fuentes del ministerio público ya han avanzado que el fiscal sí va a presentar escrito por prevaricación administrativa contra Jácome. Eso sí, en relación al recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, Fiscalía no está de acuerdo en atribuirle al alcalde ourensano ni los delitos de malversación ni el de falsedad.
ARGUMENTACIÓN
Al respecto, el fiscal argumenta que «no se está ante ningún delito de malversación» porque el investigado «obtiene indebidamente fondos públicos», pero estos «no son fondos que estén a su cargo previamente al acto», sino que «posteriormente a obtenerlos lo hace indebidamente». «Dicha disposición es posterior al acto de obtenerlos, por lo que no concurrirían los elementos del tipo de malversación de caudales públicos», subraya.
Asimismo, considera que «no habrá delito de falsedad», al recalcar que «el bien jurídico protegido por el tipo de falsedad es la seguridad y veracidad de tráfico jurídico» y que dicho bien «nunca no estuvo en peligro», apuntando como prueba de ello a la moción aprobada en pleno en diciembre de 2021, en la que «se le insta al alcalde a renunciar a su sueldo municipal que es claramente incompatible con su actividad profesional».
«Los concejales del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado, por lo que la declaración de bienes públicos que hizo el mismo nunca logró el objeto de confundir o alterar la percepción de la realidad, siendo un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos, por lo que la declaración anterior nunca consiguió su propósito de alterar», incide el fiscal.
