El PP ve «confirmado» por el TSXG que Sanmartín «apartó a un interventor incómodo» y denuncia una «creciente politización» de la estructura municipal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESSS)

El gobierno de Santiago ha remarcado este miércoles que la sentencia que anula la resolución por la que se denegó en 2024 la solicitud de prórroga del entonces interventor para mantenerse en el servicio lo hace por «un requisito normal», pero «confirmando la suficiencia de motivación», y analiza qué paso dar –si recurre o si ejecuta el fallo y retrotrae el procedimiento para que se emita un informe por parte de la jefatura de Personal y una nueva resolución–.

Así lo han trasladado fuentes municipales consultadas por Europa Press en la misma jornada en la que ‘La Voz de Galicia’ publica la anulación de la jubilación forzosa por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El gobierno local remarca que, más allá de los informes que ya constan en el expediente, de las direcciones de área de Administración (que incluye la materia de Personal), de Informática y la Coordinación Xeral, el TSXG entiende que debería emitir informe la jefatura de Personal al entender que es «el órgano competente en materia de personal».

En todo caso, subraya que se confirma que el expediente «Quedó convenientemente motivado, tal como recogió la sentencia del juzgado de primera instancia» y obliga a retrotraer el procedimiento para que se emita un informe por parte de la jefatura de Personal y una nueva resolución.

Ante el fallo, el Ayuntamiento ratifica que tiene dos opciones: ejecutar la sentencia y cumplir el requisito formal de que se emita un informe por parte de la jefatura de Personal y una nueva resolución, o recurrir en casación. Al respecto, recalca que aún se está dentro del plazo y los servicios jurídicos evalúan ambas vías para decidir qué paso dar.

«APARTÓ A UN INTERVENTOR INCÓMODO»

El edil del PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha asegurado, por su parte, a través de un comunicado, que el TSXG «confirma plenamente las dudas y advertencias que el PP ya expresó en el año 2024 sobre la actuación del gobierno de Goretti Sanmartín».

Así, recuerda que los populares ya denunciaron en su momento «la gravedad institucional» de una decisión que consideraban «profundamente política», al entender que detrás de la negativa para permitir la continuidad del interventor podía existir «un intento de apartar una figura incómoda para Sanmartín por el ejercicio independiente de sus funciones de control y fiscalización económica».

«El tiempo acabó poniendo las cosas en su sitio. Lo que el gobierno de BNG y CA intentó presentar como una decisión puramente organizativa acaba ahora con una sentencia del TSXG que anula el procedimiento seguido por el Ayuntamiento por prescindir del procedimiento legalmente establecido», ha afirmado.

Al tiempo, ha alertado de «una creciente politización» de la estructura municipal, antes de denunciar que «mientras se apartan funcionarios independientes encargados de ejercer funciones de control y fiscalización, el gobierno de Sanmartín sigue reforzando los puestos de confianza y libre designación con personas claramente vinculadas políticamente al BNG».