El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes al inicio de la tramitación del anteproyecto de la que será la primera Ley del tercer sector de Galicia, con la previsión de aprobarla este mismo año para remitirla después al Parlamento.

Así lo ha explicado la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que ha incidido en que la norma avanzará hacia «un reconocimiento real del trabajo de las entidades sociales», las encargadas de «que los recursos lleguen allí donde son necesarios» y que se distribuyan «entre todos los colectivos de Galicia».

«Agradecemos la implicación de las entidades sociales en la mejora de la vida de los gallegos», ha dicho la conselleira, que ha cifrado en más de 1.500 las entidades sociales que operan en la comunidad.

Con esta norma, Galicia busca una «regulación integral» del conjunto de las entidades del tercer sector, ha apuntado García, dado que su normativa estaba hasta ahora «fragmentado en distintas leyes». Con ello, se les dará mayor seguridad jurídica, se blindará su actuación y se actualizará la regulación.

La norma, ha dicho la conselleira, buscará «alcanzar el mayor consenso posible», por lo que en los próximos días se abrirá un periodo de consulta previa para la presentación de sugerencias por parte de la sociedad civil. La idea es que en anteproyecto pueda aprobase este mismo año para su envío posterior al Parlamento.

Entre los elementos que busca esta nueva ley está el de «definir y delimitar» el conjunto de entidades que conforman el tercer sector en Galicia, establecer los principios rectores de las entidades sociales y, con ello, «evitar casos de intrusismo», ha añadido Fabiola García.

Además, creará un censo de organizaciones que será compatible con otros registros públicos y trabajará para «disminuir la burocracia y el papeleo» y pondrá en marcha un plan de impulso y promoción de entidades sociales con la idea de «consolidar» el sector como «actor fuerte, dinámico, profesionalizado y reconocido institucionalmente».

Entre otros elementos, la norma busca también «reforzar la participación de todas las entidades sociales» a través de una mesa del tercer sector de acción social de Galicia, un «órgano de carácter participativo» en el seno de la Xunta.

AYUDAS AFECTADOS ALZEHIMER

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social y la Federación Gallega de Alzhéimer (Fagal), compuesta por 15 asociaciones que suman más de 5.000 familias y que lleva casi tres décadas prestando servicios a personas con esta dolencia y a sus familiares.

La cuantía de este acuerdo es de 89.250 euros y con ella se da continuidad a lo largo de este año 2026 a la financiación de los programas y acciones que desarrolla Fagal, que tienen como finalidad retrasar el avance de esta enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y ser un apoyo en este proceso.

En concreto, a través de este convenio, el Ejecutivo autonómico sufraga diferentes iniciativas de Fagal, tales como programas de formación a familiares y de apoyo a las personas con alzhéimer, campañas de divulgación y sensibilización y jornadas interdisciplinarias y divulgativas sobre intervención en demencias, prevención y envejecimiento activo.