El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reduce a «cambios organizativos» la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, de realizar el traslado forzoso de los jueces Luís Villares y María Dolores López López de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.
«No valoro esa decisión, simplemente me remito a que el tribunal argumentó que la reorganización del Tribunal Superior de Xustiza servía para garantir la imparcialidad de la sala. Por lo tanto, si esta finalidad se consigue, yo lo celebro. Creo que la justicia tiene que funcionar así», ha afirmado a preguntas de la prensa tras el Consello de la Xunta.
Cuestionado por los medios, ha afirmado no querer valorar lo que califica de «una decisión interna que se toma de organización del Tribunal Superior». «Frente a lo que algunos dijeron, no me van a escuchar a mí decir nunca nada de eso», sostiene.
Así, ha defendido que la Xunta «discutió» sentencias sobre eólicos con las que no estaba de acuerdo con ellas, ya que critica la «diferencia que suponía que en el resto de España no se estuviera produciendo esa actividad paralizadora que se estaba produciendo aquí».
Rueda apunta a que el Tribunal Supremo «dio la razón» a la Xunta en sus recursos en cuatro ocasiones. «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a una propuesta de esa propia sección, también le dijo que no estaba actuando adecuadamante», ha agregado.
«Al contrario de lo que hacen algunos partidos políticos que, cuando creen que les convienen los procedimientos judiciales, les gusta todo mucho; cuando no, critican directamente a los jueces o a las juezas que emiten esos pronunciamientos y no la sentencias». «Eso no le hace ningún favor a la justicia y, por eso, no voy a hacer ningún otro comentario», apostilla.
Incide en que la intención del Gobierno gallego «es que no se produjese esa paralización» en el sector eólico. «Hay muchos que paralizamos nosotros directamente porque no los autorizamos», indica. «Cuando un parque se autoriza es porque creemos que cumple la normativa para que esa autorización pueda ser otorgada», concluye Rueda.
POLÉMICA
En un acuerdo con fecha del 12 de marzo de 2025 –a la semana de tomar posesión–, la presidenta de la Sala de lo Contencioso decidió reestructurar esta sección tercera con base en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en las cuales «se considera que ha resultado vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial» por parte de Villares, que «se pone en relación con la intervención en política» de quien fue líder de En Marea.
Precisamente, se da la circunstancia de que Recio consiguió esta plaza a la que también aspiraba el magistrado Villares, sobre quien dice ahora que su «imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo».
Esta decisión levantó la polémica, ya que Juezas y Jueces para la Democracia mostró su «preocupación» por los «inusuales» traslados forzosos «de tanta envergadura» en la sección tercera porque «pueden afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial».
Denunció un «desmantelamiento» de la sección tercera, «mediante el traslado forzoso de sección de dos de los cuatro magistrados que formaban parte» de esta, sustituidos por un nuevo magistrado y una nueva magistrada de reciente incorporación a la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso del TSXG.
Asimismo, Jueces para la Democracia recordaba que esta sección «fue objeto constante de presión mediática y política por sus resoluciones relativas a la autorización de parques eólicos».
