El Tribunal de Instancia de Vigo, sección de lo Contencioso Administrativo, plaza 2, ha desestimado el recurso interpuesto por la Xunta frente a la suspensión de la licencia de obra para construir el Centro de Asociacionismo en uno de los edificios de los antiguos juzgados de la calle Lalín, y ha validado la decisión del Ayuntamiento.

En su sentencia, el magistrado expone que, si bien «no cabe con carácter general la suspensión de una licencia urbanística, por motivos ajenos a los estrechamente urbanísticos», una excepción a ese principio es la situación litigiosa sometida a enjuiciamiento.

Así, señala que «la salvaguarda del interés público» impone una suspensión en este caso «en tanto no se dirima una cuestión capital como es la titularidad del inmueble licenciado».

En la resolución, el juez señala que la titularidad de la parcela es municipal, aunque no está clara la titularidad real del edificio. Así, el Ayuntamiento defiende que está inscrito como suyo en el Registro de la Propiedad, mientras que la Xunta detenta la titularidad catastral.

CESIÓN DE PARCELA

El Ayuntamiento cedió en su día la parcela al Estado para la construcción de los juzgados y, posteriormente, se transfirió el uso y responsabilidades sobre el edificio a la Comunidad Autónoma (Real Decreto de 1994). Pero la administración municipal sostiene que la titularidad catastral no significa titularidad real y que, tras dejar de tener uso como juzgados, el edificio debe revertir al Ayuntamiento.

El juez explica que existe una controversia sobre la titularidad del inmueble y que la propia Xunta reconoció que su derecho «no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad». De hecho, la Xunta intentó esa inmatriculación, pero fue imposible por la oposición del Ayuntamiento; igual que éste intentó la modificación de la titularidad catastral, también sin éxito.

La sentencia no ahonda en la cuestión de la titularidad, ya que la propia Xunta «ha excluido esta cuestión del debate litigioso», pero sí señala que «no se comprende» que la administración autonómica «no hubiese defendido sus derechos» en el expediente abierto por el Ayuntamiento para reclamarle ese edificio y que no hubiese impugnado la resolución municipal. «Como tampoco se cohonesta con esa posición que defiende la recurrente, el hecho de que, a día de la fecha, no hubiese interpuesto acción civil declarativa de su supuesto dominio», añade el magistrado.

Con todo, incide en que la pretensión de invocar la propiedad mediante la posesión durante un tiempo (usucapión) no es adecuada porque se trata de un bien público y porque la Xunta no ejerció la posesión a título de «dueño». Es decir, que el Ayuntamiento permitió la construcción del edificio y el uso, pero en ningún momento le reconoció la titularidad a la Xunta, y tampoco al Estado.

Para aclarar la situación resultaría «imprescindible» conocer los exactos términos de esa cesión de terrenos. «Carecemos de esos elementos probatorios y por ello no es posible emitir un juicio sobre la titularidad del inmueble, siquiera con efectos prejudiciales», concluye la sentencia.

SUSPENSIÓN «CON MALA FE»

Conocida la sentencia, la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, ha trasladado que el gobierno gallego «respeta las resoluciones judiciales», pero lamenta que, en base a esa sentencia, «cualquier administración puede bloquear un proyecto público alegando dudas, sin que exista una decisión firme sobre la propiedad».

«La Xunta actuó con plena legalidad sobre un inmueble respecto del cual ejerce competencias desde hace décadas, y que le ha sido transmitido por un Real Decreto de transferencia de competencias con publicidad en el BOE», ha subrayado.

Ana Ortiz ha insistido en que «la anulación de la licencia municipal para el proyecto de la Xunta» para crear ese Centro de Asociacionismo, en el que el gobierno gallego iba a invertir 19 millones de euros, «fue un acto de mala fe por parte del Ayuntamiento de Vigo para bloquear la iniciativa».

«Éste es uno de los muchos ejemplos que demuestran que el Ayuntamiento de Vigo actúa en contra de los intereses de todos los vigueses, paralizando obras de calado», ha lamentado la delegada, que ha recordado que la suspensión de la licencia también implicó un gasto para las arcas públicas de casi un millón de euros, ya que hubo que compensar a la adjudicataria de las obras por la resolución del contrato.