El conselleiro de Medio Rural, José González, se ha reunido este domingo con los responsables de los consejos reguladores de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas para animarlos a «conocer y aprovechar las ventajas» de la Ley de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria de Galicia.

La reunión forma parte de la rueda de contactos que el conselleiro esta manteniendo con diferentes sectores vinculados al rural para darles a conocer el proyecto normativo, que iniciará «próximamente» su tramitación.

Así, ha señalado a las entidades que la nueva ley «favorece, entre otras cosas, la ampliación de la base territorial de las explotaciones o la remuda generacional del campo» y ha resaltado el Banco de Explotaciones que propone la norma cuyo fin es «facilitar el contacto» entre titulares de explotaciones que abandonan sus tierras y personas interesadas en su incorporación.

ABANDONO E INFRAUTILIZACIÓN

Por otra parte, a través de un comunicado, ha señalado que el principal objetivo de la ley es «luchar contra el abandono y la infrautilización» a través de la mejora y ampliación de la base territorial a las explotaciones agroganaderas y forestales «que la necesitan».

Además, la norma, que surge tras los incendios de 2017, «procurará anticiparse» a los fuegos y «trabajar por la recuperación demográfica y la mejora de calidad de vida en el rural» mediante «herramientas voluntarias» como los polígonos agroforestales, las aldeas modelo o las permutas de especial interés agrario.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Además de esto, la Consellería ha realizado ya el último pago correspondiente a las ayudas de la Política Agraria Común con valor de casi 162 millones de euros.

Estas ayudas benefician, según un comunicado de Medio Rural, a 24.600 agricultores y ganaderos gallegos. Los últimos pagos corresponden a ayudas directas pendientes, con valor de 144,1 millones de euros, y de zonas con limitaciones naturales de desarrollo rural, con 17,8 millones.

La Consellería ha informado también, que Galicia fue una de las primeras comunidades autónomas en realizar estos pagos en el pasado mes de octubre, con el fin de «dar liquidez a las explotaciones ganaderas gallegas».