El cabecilla del grupo que se dedicaba a fabricar cigarrillos de tabaco ilegalmente en dos naves de Ourense y Pontevedra ha aceptado este miércoles dos años de cárcel, así como el pago una multa de 12 millones de euros que se modificará por un año más de prisión, según ha informado el letrado del acusado.

En concreto, la representante del Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa han alcanzado conformidad este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense, acordando para el condenado la misma pena que aceptaron hace cuatro años los otros siete miembros del grupo.

Así, el cabecilla ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 12 millones de euros, con arresto de 1 año para caso de impago –que se aplicará en este caso–, así como el pago conjunto y solidario con el resto de condenados de una indemnización de 11.830.600 euros, por un delito de contrabando en concurso de leyes con un delito contra la hacienda pública.

Según ha ratificado la Sala y el letrado de la denfensa, el Tribunal valorará en ejecución de sentencia la posible suspensión del ingreso en prisión, al no contar el condenado con antecedentes penales.

En este sentido, el letrado de la defensa ha explicado que este pasado febrero, se ejecutó una averiguación de bienes en la que consta la insolvencia del condenado.

LOS HECHOS

Tal y como se recoge en el escrito fiscal, ocho integrantes de un grupo que se dedicaba a fabricar cigarrillos de tabaco ilegalmente en dos naves de Ourense y Pontevedra, empleando para ello extranjeros en situación irregular, aceptaron hace cuatro años dos de prisión y el pago de una multa de 12 millones de euros. En la vista, sin embargo, no figuraba el cabecilla de la trama, que permaneció a la fuga hasta noviembre de 2023.

El hombre lideraba un grupo compuesto por cuatro personas que, de común acuerdo con otros cuatro procesados, puso en marcha una organización «estructurada y permanente en el tiempo con ramificaciones internacionales» para fabricar los cigarrillos fuera de la norma vigente, empleando para ello «mano de obra no regularizada», a través de extranjeros que habían llegado a España sin saber su destino y que eran retenidos sin posibilidad de comunicarse con el exterior y «trabajando a destajo».

La organización camuflaba su actividad irregular bajo la apariencia de una empresa de transportes para enviar camiones con el tabaco una vez fabricado al extranjero.

El cabecilla se estableció en Ourense en febrero de 2020 adquiriendo una nave industrial en el Ayuntamiento de Coles, en el municipio de Cambeo, con la misma intención con la que se hicieron con una nave en Oliveira, Ponteareas, «para montar una estructura estable para la fabricación y distribución de grandes cantidades de tabaco».

Los acusados, que también trabajaban en las fábricas, tenían como objetivo controlar los traslados del material y vigilar a los extranjeros que trabajaban allí privándoles de sus teléfonos móviles.